La plantilla de un taller de Santurtzi amenaza con otro encierro al no conseguir la licencia

El responsable de la planta, Javier Simó, afirma que las pérdidas económicas son cuantiosas. / H. R
El responsable de la planta, Javier Simó, afirma que las pérdidas económicas son cuantiosas. / H. R

El Consistorio y Servasa, empresa cerrada desde junio por un conflicto de lindes con un particular, no se ponen de acuerdo en el trozo de terreno invadido a otra parcela

AZAHARA GARCÍA SANTURTZI.

La marejada continúa en la planta de Servasa, empresa emplazada en el polígono El Árbol de Santurtzi y cuyos trabajadores protagonizaron en junio un encierro y una huelga de hambre. Entonces, el Ayuntamiento marinero precintó el taller, especializado en neumáticos, por carecer de licencia de ocupación y de actividad debido a un conflicto de lindes con el dueño de la parcela contigua. Ahora los empleados y el gerente del negocio, cerrado desde entonces, amenazan con atrincherarse otra vez en el interior de las instalaciones. El motivo, la nueva negativa del Consistorio a concederles los permisos para poder desarrollar su actividad.

En cumplimiento de la última sentencia judicial, los responsables de la planta decidieron llevar a cabo la demolición de la rampa que invade una parte del solar colindante, con cuyo propietario mantienen una ardua batalla en los tribunales desde 2013. «El Ayuntamiento nos dijo que teníamos que hacer unas obras de adecuación para derribar la rampa. Haciendo eso y presentando la documentación pertinente nos darían la licencia sin ningún problema», explicó ayer Javier Simó, gerente de Servasa.

Sin embargo, ninguna de las partes, incluidos los técnicos municipales, se ponen de acuerdo sobre la extensión del espacio que sobrepasa la parte de terreno que ha bloqueado la situación. Desde la empresa denuncian que el Ayuntamiento se basa en un informe «no oficial» para negarles las licencias. Tras una obra valorada en 50.000 euros que se concluyó a principios de julio, y tras presentar los documentos que desde el Consistorio les requerían, Servasa continúa sin los permisos.

Esta situación, según Simó, se debe a un informe realizado en agosto por la parte contraria que el equipo de gobierno está asumiendo «como oficial». «La parte contraria ha contratado a la persona que estaba en el primer juicio como perito judicial para que vaya al terreno y dibuje una raya donde cree que tiene que empezar su parcela». Según este documento elaborado por este profesional, ese límite está a menos de los 3 metros reglamentarios que tienen que separar ambas propiedades, por lo que Servasa estaría incumpliendo el Plan General de Ordenación Urbanística del municipio. Desde Servasa lamentan, además, que no se les ha comunicado en cuantos metros difiere este último estudio topográfico respecto al que ellos contrataron.

El escenario que se abre para la planta no se presenta demasiado favorable. Si no pueden reformar su local para salvar los metros que, según el último informe del perito, invaden al solar vecino, solo les quedan dos opciones: buscar otra localización para su empresa o comprar la finca que están invadiendo y que su propietario ha valorado en 750.000 euros. Para Servasa, ninguna es viable, «y menos después de haber pagado el derribo».

Tres despidos

Ante esta situación, la plantilla de la empresa solicitó el lunes una reunión con el Consistorio para desbloquear este problema y poder volver a trabajar cuanto antes. Todavía no han recibido una respuesta con la confirmación de la cita pero ya avisan que está va a ser «la última oportunidad». Si desde el organismo municipal no les dan respuestas, volverán a encerrarse. La Corporación local, por su parte, afirmó ayer a este diario que otorgará o denegará la licencia de primera ocupación una vez que se acredite que se cumple la distancia de linderos que establece el PGOU «máxime teniendo en cuenta las resoluciones judiciales habidas al respecto».

Durante estos tres meses de inactividad, el gerente de Servasa ha tenido que hacer frente a cuantiosas pérdidas que le han llevado a despedir ya a tres de sus trabajadores y no sabe qué ocurrirá con los demás. «Estamos aguantando como podemos con las reservas que tenemos pero esto es insostenible».

En mayo, último mes que la empresa facturó con normalidad, se obtuvieron unos ingresos de 150.000 euros. En junio, cuando se precintó el taller, estos bajaron a 90.000; en julio y agosto apenas superaron los 50.000, y en lo que llevan de septiembre no llegan a 25.000. Con estos números, Simó cuenta con unos pagarés que tiene pendientes para pagar las nóminas de este mes, pero afirma que no sabe cómo hacer para pagar las de octubre.

 

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