Paralizan en Barakaldo el desahucio de una familia con cuatro menores, víctima de una estafa
El Juzgado les ha concedido un mes de prórroga para abandonar la vivienda e instalarse en un piso social en Santurtzi
Una familia vulnerable con siete miembros, cuatro de ellos menores (de 6, 7, 13 y 17 años), y residentes desde hace más de dos años ... en Barakaldo han logrado 'in extremis' en la mañana de este viernes la paralización de su desahucio. El Juzgado les ha otorgado un mes de prórroga después de varios recursos, en el mismo momento en el que se iba a producir el lanzamiento en la calle Portu.
El Gobierno vasco les había concedido una vivienda social tras la intermediación del Ayuntamiento para la adjudicación directa desde los servicios sociales de base, pero llevaban un tiempo a la espera de la formalización del trámite y de encontrar una casa que se adaptara a sus características. Mientras tanto, el proceso de desahucio seguía adelante. Esta mañana, con varios agentes de la Ertzaintza personados en el portal, la familia ha recibido la buena noticia de que ya existe un piso disponible para ellos en Santurtzi, por lo que las partes implicadas han decidido paralizar la operación.
«La Justicia no ha querido escucharles, solo hemos podido hacer la defensa en la fase de ejecución», ha criticado Rosa de la Fuente, portavoz de la plataforma antidesahucios Sendia, que ha acompañado a Flor Alba y a su familia en todo este proceso. Estos vecinos han llegado a esta situación tan comprometida tras ser víctimas de una estafa.
Y es que, según han explicado, Flor firmó en su día un contrato de alquiler con una persona «que no era la dueña» del inmueble. «Ella le pagó la fianza a esta persona, y los meses, pero resultó que la vivienda pertenecía a una entidad bancaria (Kutxabank). Gracias a una lucha en la que nos ayudó el Ararteko conseguimos que el Ayuntamiento les empadronara en la casa, para estar con plenos derechos, de educación y sanidad, porque eran los ocupantes».
Hace más de un año, en Navidad, la plataforma logró paralizar un desahucio anterior. «Es muy grave porque quien realmente tenía que ser la demandada no lo es. Hay informes de situación de vulnerabilidad social y económica del Ayuntamiento que el Juzgado conoce, pero aún así han tirado para adelante. No entendemos cómo no se aplica el Real Decreto Ley de escudo social de obligado cumplimiento para hogares vulnerables y tampoco el convenio interinstitucional entre Eudel, el Gobierno vasco y el Consejo General del Poder Judicial, y más siendo un banco, un gran tenedor», se queja De la Fuente, quien señala que, pese a los avances en la materia, se está volviendo a la situación de hace unos años de varios desahucios a la semana. «Estamos desbordados», añade con pesar.
A la espera de las llaves
Flor Alba y su familia, con varios niños escolarizados en Barakaldo, esperan ahora la entrega de las llaves de su nueva vivienda. «Tenemos que firmar el acta de la suspensión del desahucio, la adjudicación en Alokabide y esperar la notificación oficial para iniciar el traslado de todos los enseres. Tenían miedo de quedarse en la calle sin sus cosas, la ropa de los niños, sus libros... Si hay que ejecutar algo que sea con plenas garantías, con alternativas sociales y habitacionales. No entendemos esta locura de ejecutar sí o sí, y más cuando ya tiene aprobada una vivienda del Gobierno vasco. Era un sinsentido», critica la portavoz de la plataforma social.
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