Una manifestación en Güeñes denunciará el despido del personal de cultura y deportes

La plantilla, en huelga, protesta contra el anuncio del Ayuntamiento de retomar algunos servicios desde el 1 de octubre

S. LLAMAS GÜEÑES.

Los 36 trabajadores de los servicios de ocio, juventud, cultura y deportes del Ayuntamiento de Güeñes que están en huelga desde la pasada semana han convocado una manifestación para este jueves, a las 19.00 horas, desde el Kirolgune de Sodupe. En ella denunciarán su situación después de que la empresa adjudicataria del servicio, Basori, les haya confirmado mediante burofax que su despido será este domingo.

ELA protestó frente al anuncio que el Ayuntamiento de Güeñes ha realizado en las redes sociales, donde advierte que «no realizará ninguna acción para tratar de sortear la huelga» que mantiene cerradas varias instalaciones municipales, pero únicamente «mientras se mantenga en vigor el contrato con Basori», que finaliza el domingo. «Una vez desvinculado de ese contrato, el Ayuntamiento tiene la obligación de prestar los servicios municipales, con sus propios medios y personal, hasta la adjudicación a una nueva empresa», explicó el Consistorio.

En ese comunicado el Ayuntamiento de Güeñes remarcó que la prórroga actual con Basori finalizaba en noviembre de este año, si bien una errata en uno de los documentos señalaba que ésta se prolongaba hasta el 2020. «No se ha revocado ni anulado por parte del Ayuntamiento una segunda prórroga, simplemente no se ha ejercido la posibilidad de acordarla», subrayaron. Además, la institución local recordó que una cláusula del propio contrato establece que si éste finaliza antes de que concluya el proceso para otorgar de nuevo la gestión del servicio, el adjudicatario debe mantener la prestación hasta un periodo máximo de seis meses.

Los representantes sindicales, de ELA, defendieron que seguirán firmes en la defensa del empleo con el objetivo de forzar al Ayuntamiento encartado a tener que «asumir su responsabilidad y solucionar el conflicto». Según advirtieron, con la decisión de comenzar a prestar algunos servicios con personal propio a partir del 1 de octubre «podrían incurrir en una flagrante ilegalidad». El sindicato denunció que la medida hace que los trabajadores paguen las consecuencias de la mala gestión.

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