El juzgado anula la OPE convocada por el Ayuntamiento de Barakaldo en 2018

CCOO denunció la falta de negociación en el proceso, que ofertó 24 plazas y que ya tiene seleccionados en Arkaute a 8 agentes para sumarse a la Policía Local

SERGIO LLAMAS BARAKALDO.

El juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Bilbao ha anulado el decreto por el cual el Ayuntamiento de Barakaldo convocó una Oferta Pública de Empleo (OPE) con 24 plazas en abril del pasado año. De esta manera los tribunales dan la razón al recurso presentado por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras de Euskadi y piden la suspensión de la convocatoria de los procesos selectivos. Ya se había designado a ocho personas para incorporarse la Policía Local, que actualmente se están formando en Arkaute. En el Ayuntamiento advirtieron que los servicios jurídicos están elaborando el recurso contra esta sentencia.

Tras conocer el fallo, CCOO pidió ayer «la inmediata aplicación de la sentencia y la asunción de las responsabilidades oportunas» por parte de la alcaldesa y la concejal de Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana. Según advirtieron, la denuncia tiene su origen en la «ausencia total de negociación» con las organizaciones sindicales y en la falta de información sobre la OPE.

Los demandantes advirtieron que sólo se produjo una reunión de media hora de duración el 13 de abril en la que se informó de las plazas de la OPE (que incluyen también dos bibliotecarios, nueve administrativos, un delineante, dos profesores de música, un técnico cultural y un técnico de administración general), pero no de las fechas de preciptividad de los perfiles lingüísticos, los códigos de los puestos o las áreas de adscripción de los mismos.

«Teniendo en cuenta que las exigencias inherentes a toda negociación obligan a que los interlocutores hayan recibido adecuadamente toda la información necesaria y relevante para poder formar su posición y defender los intereses que representa, hay que concluir que en este caso no se cumplieron esas exigencias, por lo que esta omisión determina la nulidad de la resolución administrativa impugnada», razona la sala, que fija un plazo de 15 días para presentar un recurso de apelación.