El juez procesa a dos exalcaldes de Alonsotegi por «posible tráfico de influencias» y malversación

Gabino Martínez de Arenaza y Aitor Santisteban./E. C.
Gabino Martínez de Arenaza y Aitor Santisteban. / E. C.

Concluye la fase de instrucción y ordena que sean juzgados por un tribunal popular junto a tres abogados y un arquitecto

Josu García
JOSU GARCÍA

Tras cuatro años y miles de folios aportados a la causa, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barakaldo ha dado por finalizado el sumario del llamado 'caso Alonsotegi Eraikiz', la sociedad urbanística municipal que dejó un considerable agujero económico en las arcas de la localidad encartada (se habla de entre 5 y 15 millones de euros). El magistrado ordena ahora el procesamiento de dos exalcaldes del PNV, así como de otros tres abogados y un arquitecto. Cree que hay indicios suficientes de delito para llevar ante un tribunal del jurado a los exregidores jeltzales Gabino Martínez de Arenaza (también exdirector foral de Turismo) y Aitor Santisteban, al arquitecto Alberto Zulueta y a los abogados Irkus Palacio, Ainhoa Varona e Iratxe Larringan. A los seis les ha investigado por la comisión de cinco ilícitos penales, entre los que se encuentran la malversación de fondos públicos, el tráfico de influencias y el fraude.

El juez estima que «de lo actuado se acredita indiciariamente que los hechos objeto del procedimiento fueron realizados y, en consecuencia, habría indicios de perpetración de los delitos que dieron lugar a la formación de la causa». Habla abiertamente de «actividades opacas y oscuras» en el seno de la sociedad Eraikiz. Y afirma que «se habrían producido numerosas irregularidades que habrían supuesto perjuicios para el patrimonio público y posibles tráficos de influencias».

Gabino Martínez de Arenaza

Trayectoria.
Alcalde entre 1999 y 2003. Director de Turismo de la Diputación entre 2007 y 2016.
Lo que dice el auto.
«Podría estar implicado en muchas de las operaciones que han dado lugar a la causa», como la firma de convenios urbanísticos y contrataciones.

Aitor Santisteban

Trayectoria.
Fue primero edil y después alcalde, entre 2003 y 2011. Está retirado de la vida política.
Lo que dice el auto.
«No puede descartarse que, con su actuación, interviniera en diversas operaciones, así como en la disolución de la sociedad Eraikiz».

El magistrado apunta que los dos expolíticos pudieron participar en las actuaciones ilícitas mientras estuvieron al frente de la sociedad. E incide en el papel que jugaron en el seno de la misma el arquitecto Alberto Zulueta y el gestor Irkus Palacios. Del primero señala que incumplió el deber de abstención al haber emitido «informe técnico» sobre diversos contratos que acabaron siendo adjudicados «contra el principio de objetividad» a empresas con las que estaba relacionado, al tiempo que habría violado también «el régimen de incompatibilidades profesionales».

Sobre Palacios hace notar que suscribió con Martínez de Arenaza un contrato de casi un millón (721.394 euros más IVA) para dirigir Alonsotegi Eraikiz, sin que mediara «licitación alguna y eludiendo los principios de publicidad y concurrencia». Además, destaca que el abogado tenía «disponibilidad sobre gran parte de los fondos de Alonsotegi Eraikiz».

La sociedad pública se creó en 2003, durante el mandato de Martínez de Arenaza. La entidad manejó importantes cantidades de dinero público para poner en marcha algunos de los proyectos urbanísticos más importantes de Alonsotegi: el nuevo ambulatorio, la reforma de la plaza principal, la construcción de aparcamientos y el remodelado campo de fútbol, entre otros. Además, vendió solares y patrimonio local a promotoras privadas que quebraron sin abonar las sumas pactadas, lo que colocó al Consistorio en una grave situación de insolvencia (el Ayuntamiento es uno de los tres más endeudados de Euskadi y se halla intervenido por la Diputación).

Sobreseimiento para el concejal del PSE y otro técnico local

El auto dictado por el juez de Barakaldo exonera de cualquier responsabilidad a dos personas que permanecían en la causa en calidad de investigados. Se trata del que fuera concejal del PSE Secundino Gómez y el arquitecto municipal Álvaro Ibarrola.

Considera que ambos no tuvieron participación alguna en los hechos. Secundino estaba en el consejo de administración de Eraikiz en calidad de edil de la oposición. Su abogado, Juan Carlos Soto, alegó que su cliente votó en contra de la inmensa mayoría de las decisiones que en ese foro se tomaron en aquellos años. Que sólo apoyó la disolución de la sociedad y la asunción de su deuda porque era partidario de que esos asuntos los llevara el Consistorio de forma directa para ganar en transparencia y control.

El 'caso Eraikiz' fue llevado a los tribunales en 2014 por los concejales de EH Bildu en la localidad. En un principio, el asunto pasó inadvertido más allá de los límites de Alonsotegi. Sin embargo, en el otoño de ese año, el nuevo alcalde, el también jeltzale Joseba Urbieta (el PNV volvió a ganar por mayoría absoluta), giró a los vecinos de la urbanización Errota una serie de recibos para que asumieran con su dinero el agujero dejado en las arcas locales por la nefasta operación realizada entre Eraikiz y la promotora Basaldi. Los residentes se movilizaron y se generó una ola de protestas contra «la corrupción».

Jurado de 9 miembros

De manera paralela, se conocía el informe del Tribunal de Cuentas en el que se hablaba de graves irregularidades: obras licitadas a dedo y trabajos adjudicados sin cumplir la normativa a empresas relacionadas con las personas que dirigían Alonsotegi Eraikiz. El sumario de esta sociedad pública es el que se encuentra más avanzado judicialmente. Existen otras dos investigaciones en marcha -también activadas por denuncias de la coalición soberanista- por la existencia de una supuesta trama de facturas y certificaciones de obra falsas, un procedimiento en el que se ha personado la Abogacía del Estado como perjudicada al haberse malversado supuestamente fondos del Gobierno central.

Lo más llamativo del auto que pone fin a la instrucción del 'caso Eraikiz' es que lleva el asunto a un tribunal con jurado a petición de la Fiscalía y de la acusación popular (ejercida por Bildu), algo inédito en Euskadi para delitos relacionados con la corrupción. Alguno de los abogados de las defensas ha alegado que esto es «una artimaña para eludir el transcurso de los plazos». Ahora, hay tres días para recurrir el auto de procesamiento. Si se declara firme o si las instancias superiores lo avalan, se dará paso al trámite de acusaciones, se fijará la fecha de la vista y se comenzará a conformar un jurado con nueve miembros.

Manifestación de los vecinos «contra la corrupción».
Manifestación de los vecinos «contra la corrupción». / L. Á. Gómez

En su contexto

20
millones de euros llegó a manejar Alonsotegi Eraikiz, según las estimaciones de un informe pericial. Otro estudio afirma que, tras su disolución, cedió bienes al Ayuntamiento por un valor real de medio millón, cuando se anotaron contablemente 15 millones.
Desfile de abogados
En el caso trabajan algunos de los abogados penalistas más conocidos de Bizkaia. Txema Montero defiende a Irkus Palacios, también letrado y exgerente de Alonsotegi Eraikiz. Javier Beramendi representa al arquitecto Alberto Zulueta, mientras que el despacho de Félix Rojo lleva al exregidor Aitor Santisteban y Ainhoa Urraza a Gabino Martínez de Arenaza. En el otro lado, en la acusación popular, estará Iñigo Santxo. El letrado Juan Carlos Soto quedará fuera del proceso al haberse archivado el caso para su representado, Secundino Gómez. La hoja de ruta pasa ahora por la resolución de los recursos contra el auto de procesamiento. Si no prosperan se realizarán las acusaciones y se empezará a conformar el jurado.

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