El interventor de Barakaldo quiere reforzar el control del gasto de los partidos
Ha emitido informes en los que solicita un cambio de método pese a que las formaciones consideran que se sigue el mismo proceder que en otras administraciones y que todo está avalado por el Tribunal de Cuentas
Choque de interpretaciones por la justificación del dinero recibido cada año por los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Barakaldo. Pese a existir para ello un convenio, como en el resto de instituciones y administraciones, y que todo está avalado por el Tribunal de Cuentas, el interventor municipal ha emitido varios informes desfavorables en los últimos años, en los que recomienda cambiar el método de trabajo. El técnico solicita que se justifique de una manera más precisa en qué se han empleado las aportaciones recibidas por las formaciones para realizar sus labores.
Esta medida, que se refiere a partidas de gastos de la anterior legislatura, desde 2021 a 2023, conllevó ya alegaciones de todos los grupos (salvo del PP, que con un concejal en el pasado mandato no tuvo asignación), al entender que se había hecho ya de manera correcta. Pese a ello, y a mostrarse en contra de esa interpretación, el PNV inició desde Alcaldía un procedimiento de reintegro que, al no tratarse del órgano competente, tiene que volver a lanzarse desde el Pleno. El pasado día 6, en una sesión extraordinaria, solo los jeltzales avalaron iniciar un nuevo expediente, que por mayoría no fue aprobado. Este viernes, en la tercera cita no ordinaria del mes, que apenas duró dos minutos, se dieron cuenta de varios informes del área de Intervención, con la intención de volver a iniciar el proceso, pese a que las posturas siguen siendo las mismas.
155.000 euros
Traducido a cifras, la medida tiene por objeto instar a las cuatro formaciones mencionadas a devolver en total unos 155.000 euros, los importes que se considera indebidamente justificados. A pesar de las opiniones contrarias, y a que el PNV afirma que se guarda el derecho a seguir presentando alegaciones, la formación jeltzale ha apuntado a este periódico que la alcaldesa «está obligada a iniciar el trámite para la devolución» y que «existen informes que así lo avalan».