La Diputación da por extinguido los derechos históricos de pasto en La Arboleda

El informe técnico apunta a que el derecho de pasto en las 91,19 hectáreas concedidas a las asociaciones «fue extinguido totalmente mediante diferentes expropiaciones forzosas por razón de utilidad pública a favor de la explotación minera», que se llevaron a cabo entre los siglos XIX y XX.

Los portavoces de la Diputación alegaron ayer que en base al origen histórico de las fincas el derecho de pasto sobre ellas se encuentra extinguido. Así apuntan al razonamiento del propio estudio donde se plantea que el aprovechamiento de los pastos debe ser regulado en base a la normativa vigente, «siendo la concesión un instrumento hábil para ello».

El documento se remonta hasta la Edad Media cuando unas 520 hectáreas del entorno de los Montes Altos de Triano permitían la explotación conjunta de los pastos y la leña. Entonces el monte comunal pertenecía a los siete concejos del Valle de Somorrostro y a la Villa de Portugalete, hasta que en septiembre de 1800 se procedió al reparto y amojonamiento del mismo.

Posteriormente la situación sufrió un cambio «radical», según apunta el informe, con la expropiación de numerosos terrenos que anulaban los derechos de pastos, y los destinaban a la actividad minera. «Todas las fincas expropiadas durante las labores mineras a cualquiera de los municipios o particulares implicados suponía la directa y clara supresión de los derechos de pastos», remarca.

Como fruto de las expropiaciones, ventas y de las distintas operaciones realizadas en el Monte Público, la zona se dividió en 93 fincas registrales, propiedad de tres compañías diferentes, que posteriormente se agruparon en tres fincas diferenciadas correspondientes a los tres municipios. «Es importante tener en cuenta el origen vinculado a las 93 fincas anteriores, porque los derechos y otras características importantes emanan de ellas», defiende el informe técnico. Para las mayorías de las expropiaciones se fijó un justiprecio que incluía todos los derechos existentes de pastos, aguas y vías, que se abonaron a los Ayuntamientos y concejos.