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Una de las principales señas de identidad de Balmaseda es su casco histórico medieval, declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de Conjunto Monumental, un espacio en el que el Ayuntamiento ha decidido extremar su protección estrechando el cerco a los vehículos. Para ello el Pleno ha aprobado este jueves en sesión extraordinaria una nueva ordenanza de Circulación y de los Usos de las Vías Urbanas con la que se pretende evitar el tránsito de coches y furgonetas sin justificación, de manera que la zona no se tome como una vía de paso.
Una actualización de la normativa que dio sus primeros pasos hace un año, cuando se constató que unos 42.000 vehículos transitan al mes de media por el casco, una cifra que el alcalde, el jeltzale Alfonso San Vicente, calificó de «incompatible» con un entorno peatonal. Y todo ello pese a que desde 2018 se estrenó un sistema de control de acceso, con lectura de matrículas incluido, que «no se está cumpliendo», remarcan desde el equipo de gobierno (PNV-PSE). Ahora, con los votos favorables de ambos partidos, con la abstención de Bildu y la negativa del grupo independiente CLI, se da un paso más allá, con distintas medidas como la entrega de ocho pases mensuales a los residentes en la zona. Una cifra que «más que duplica las necesidades reales, con una media de 3,1 entradas al mes por vehículo», señala el alcalde en base a los patrones actuales de circulación y atendiendo a informes municipales y de la Policía. «Es una regulación flexible, que garantiza el acceso sin saturar por ello el espacio», ha declarado San Vicente, quien ha incidido en que esta actualización de la norma se ajusta a informes técnicos y a «cifras reales».
«La ordenanza es una herramienta útil, infinitamente mejor que la anterior, que contribuye a una vida urbana más tranquila, segura, accesible y saludable». La norma recoge también excepciones para el uso de garajes en el casco y de los comerciantes, que les permite acercarse hasta sus negocios. Además, amplía en dos horas el tiempo de carga y descarga para los proveedores habituales, y elimina los pivotes automáticos, lo que facilitará en todo momento la entrada de vehículos de emergencia.
Estas medidas han causado gran controversia en el municipio, donde se han registrado 245 alegaciones y más de 2.000 firmas en contra, solicitando en muchos casos una «peatonalización más empática». Desde el Ayuntamiento han remarcado que «cualquier persona que tenga una causa justificada podrá acceder al casco histórico sin problemas». Las matrículas serán registradas en las entradas y si se carece de permiso, o ha vencido, el acceso podrá ser comunicado a la Policía «antes o después de realizarse». Además, los agentes llevarán a cabo controles para evitar los estacionamientos en las calles. La sanción por circular por vías prohibidas asciende a 200 euros.
El Consistorio, que espera también poner en marcha una zona de bajas emisiones, realizó una encuesta ciudadana para elaborar esta ordenanza, pero desde la oposición, tanto CLI como Bildu han criticado este jueves las formas, echando en falta una mayor participación. Los independientes recordaron que este punto fue eliminado del orden del día en el pleno de mayo y que hay alegaciones que pueden ser recurridas en el contencioso-administrativo.
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