Anuncian recortes al personal de la residencia Miranda en Barakaldo

Este jueves el patronato aprobó la aplicación del artículo 41 del Estatuto de Trabajadores, que afecta a la retribución de al menos un 10% de la plantilla

SERGIO LLAMAS BARAKALDO.

Los trabajadores de la Fundación Miranda, que llevan meses movilizándose contra la actual gestión de la residencia baracaldesa, alertaron ayer de la amenaza de recortes que se cierne sobre los empleados más antiguos. El Patronato celebrado este jueves aprobó la aplicación del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, que contempla una modificación sustancial de las condiciones de trabajo y que afectará a la retribución de al menos un 10% de la plantilla.

La presidenta del comité de empresa, Blanca Mardones, denunció la pérdida de calidad en el servicio y el incremento de costes que vienen sufriendo los usuarios y sus familiares desde hace dos años, de los que culpan a los actuales gestores. La portavoz, que recordó los dos despidos ocurridos hace meses, señaló que si bien todos los trabajadores están adscritos al convenio de Bizkaia, unos 50 empleados -los más antiguos- tienen contratos propios pactados en 2009. «Hemos recibido el correo diciendo que se va a aplicar el artículo 41. En siete días formaremos el grupo de trabajo e iniciaremos las negociaciones», señaló.

La representante de los trabajadores denunció la «precaria» situación de buena parte del personal, con «más de 30 horarios diferentes» que impiden conciliar la vida laboral y familiar. Además, anunció que presentarán una queja al Obispado por la actitud del presidente de la Fundación, Jokin Perea, tras fotografiarse junto a las pancartas de los manifestantes que pedían la dimisión de la gerencia y la renovación del patronato.

La alcaldesa, contraria

La alcaldesa de Barakaldo y miembro del patronato, Amaia del Campo, se mostró contraria ayer a la aplicación del artículo 41 y volvió a pedir «un plan de viabilidad externo que aborde el problema de gestión». Además anunció que el lunes se reunirá la mesa de trabajo constituida en el Ayuntamiento con grupos políticos, trabajadores y familiares de usuarios.

 

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