Sopela abre el debate sobre el cobro de un canon a las viviendas vacías

Ante esta situación, el Consistorio se ha propuesto poner sobre la mesa medidas para atajar el problema. Entre ellas destaca el establecimiento de un canon específico a las casas vacías o la movilización de estos inmuebles al mercado de alquiler, actuaciones que tienen por objeto que «evitar que el pueblo se convierta en un lugar solo accesible para rentas altas o un pueblo de segundas residencias». En este sentido, la alcaldesa Guruzne Carrasson cifra en «unos 580 los inmuebles desocupados en estos momentos».

El encarecimiento de los pisos es una realidad difícil de soslayar y ha quedado de manifiesto tras la publicación del último estudio del Departamento de Vivienda que sitúa a Sopela como uno de los seis municipios vizcaínos —junto a Derio, Gorliz, Elorrio, Lekeitio y Ermua— susceptibles de ser declarados zonas tensionadas para que la Administración pueda controlar las tarifas que marca el mercado. La medida es consecuencia de que los costes de la vivienda superen el 30% de los ingresos medios o que los precios hayan subido más de tres puntos por encima del IPC en cinco años.

En el caso de la villa costera, el alquiler medio alcanzaba los 985 euros en diciembre de 2022, lo que supone un incremento del 17,5 % desde 2017 (el IPC acumulado es del 14,2 %). Reflejo de esta situación es que hay 800 personas inscritas en Alokabide, el programa público vasco de acceso a vivienda, que demandan un hogar asequible en Sopela. A la vista de este escenario, el Ayuntamiento está reuniendo la documentación necesaria –diagnóstico, memoria justificativa y plan de acción– para conseguir la catalogación, según informa la alcaldesa.

Para mitigar la situación, el Ejecutivo local explica que ya están en marcha varios planes, entre ellos la construcción, en colaboración con el Gobierno vasco, de 57 VPO en los barrios de Loiola y Asu. La previsión es que estén finalizadas para la primavera del próximo año. También está en vigor una normativa que permite la conversión de lonjas en pisos. Este cambio de uso pretende evitar la especulación con estos locales transformados, asegurando que las condiciones económicas de acceso o transmisión sean las mismas que las establecidas por el Gobierno vasco para las Viviendas de Protección Pública (VPP). Además, se busca asegurar condiciones dignas de habitabilidad. La Administración aclara que esta modificación no será posible en zonas consideradas comerciales, con el fin de no afectar al desarrollo económico de los pequeños negocios.

A estas iniciativas se suman aplicar un recargo del 50% en el IBI a los pisos turísticos, así como una moratoria temporal en la concesión de licencias para nuevas viviendas de uso vacacional, mientras se tramita el nuevo Plan General de Ordenación Urbana.

Cabe recordar que EH Bildu ya presentó una moción en uno de los últimos plenos de la pasada legislatura (cuando la Alcaldía estaba en manos del PNV) para declarar al municipio como zona tensionada. La petición fue entonces rechazada con los votos en contra de la coalición jeltzale y del PSOE. «Establecer un canon para los pisos vacíos, sumado al resto de medidas, creemos que tendrá un impacto positivo en el precio de la vivienda, lo que facilitará el acceso a una, ya que en este momento hay poca oferta y los precios son muy elevados», remarca la primera edil.