La sentencia de Ormaza en Getxo tumba 105 viviendas de VPO y 130 libres

Lo cierto es que el varapalo de los jueces tumba el proyecto para la construcción de 105 pisos protegidos, así como otros 130 de carácter libre que se iban a levantar en el área de reparto número 42 de Ormaza, en el entorno de Andra Mari. También había previsto allí habilitar 10.900 metros cuadrados de zonas verdes. Todas estas iniciativas tendrán que esperar hasta que se aclare el futuro de este entorno. Es más, el fallo añade incertidumbre jurídica a lo que ya se ha hecho en esa zona hasta ahora al amparo de la normativa urbanística que ha sido declarada ilegal. Según fuentes municipales, se han concedido tres licencias para edificar 15 viviendas y una residencia. Las obras estarían en marcha.

El equipo de gobierno confía en legalizar o revertir la situación con la aprobación del nuevo PGOU de Getxo. Pero lo cierto es que a este texto legal, aunque está en su fase final, aún le resta recorrido. Y, además, nada garantiza que la persona que impugnó el plan urbanístico de Ormaza no vuelva a la carga para intentar que no se construya en la zona, al menos no en los términos en los que la Administración local había dado su autorización.

Porque la denuncia contra el plan urbanístico de Ormaza parte de un particular. María Dolores M. A. fue quien dio origen a la batalla judicial. El pleito, que ha sido largo y complejo, se ha dirigido contra el propio Ayuntamiento pero también han sido partes codemandadas las promotoras inmobiliarias Neinor y Biurban. Finalmente, a finales del año pasado, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) fallaron a favor de esta mujer. Acogieron tres de los diez incumplimientos que puso en conocimiento del tribunal.

Dos de ellos hacían referencia a defectos de forma en varios trámites, como la falta de participación ciudadana a la hora de promover las modificaciones que se realizaron sobre el suelo. Los jueces creen que el asunto no se gestionó de manera correcta. Más importante parece el hecho de que el TSJPV hicera suyo la denuncia de que se estaba violando la ley del Suelo de 2006 en cuanto a «la jerarquía normativa correspondiente a la técnica del área de reparto y del aprovechamiento tipo de las normas urbanísticas del PGOU de Getxo».

Este aspecto es muy técnico y se refiere a cómo casan las nuevas construcciones con lo que ya está levantado en ese ámbito urbanístico. Constatan los jueces que el Ayuntamiento no ha hecho los deberes en cuanto a adaptar el PGOU a las nuevas condiciones impuestas por la normativa superior. Los magistrados, además, condenan en costas a la Administración local.