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Los actos vandálicos, robos o agresiones que se han producido durante las últimas semanas en el barrio de Astrabudua, en Erandio, dispara la alarma entre ... los vecinos. La discoteca Sonora, ubicada en el polígono de Axpe, ha sido señalada como uno de los principales focos de inseguridad. La alcaldesa Aitziber Oliban también lo reconoce: «las concentraciones de personas en estados alterados y de embriaguez que se acumulan en el entorno de la sala y la estación de metro son uno de los principales problemas del municipio».
La elevada demanda vecinal de medidas para frenar esta situación ha resultado en un plan diseñado por el Departamento vasco de Seguridad y la Ertzaintza «contra los comportamientos incívicos en el entorno de la estación de Metro de Astrabudua y cerca de la discoteca Sonora». Así, la plantilla de la Policía Local se aumentará con al menos dos agentes más, y se «garantizará recursos cuando haya operaciones», que se llevarán a cabo tres de cada seis fines de semana. La última desarrollada el pasado viernes se saldó con una persona investigada por un delito contra la seguridad vial y diez expedientes abiertos:
Desde hace un mes y medio, el Ayuntamiento ha trabajado junto a la Ertzaintza para «coordinar su actuación con nuestra Policía, la de Leioa y la comisaría de Getxo, para asegurarnos de que podíamos llegar a tener un dispositivo continuado que fuera disuasorio de este tipo de comportamientos», explica la primera edil. Los incidentes previos ya han obligado a organizar dispositivos especiales. Hay dos patrullas de Policía exclusivas para el control de la zona, y en ocasiones se habilita una brigada móvil y una patrulla adicional. Metro Bilbao también ha reforzado su servicio con un convoy a primera hora para reducir las aglomeraciones, principalmente a la hora de cierre de la sala.
Sin embargo, «hay circunstancias que no nos ayudan a contener esta situación. Por ejemplo, la posibilidad de realización de afters, solamente tres horas después de que la discoteca haya cerrado, o que algunas de las sustancias que se incautan no están en el catálogo de drogas y, por tanto, no podemos sancionar ni su tenencia ni su consumo», lamenta la alcaldesa.
Pese a las limitaciones, el pasado fin de semana se colocaron más de 50 denuncias por botellón, las que se intenta dar celeridad en el proceso y que lleguen cuanto antes a sus destinatarios. «Solicitamos a la Fiscalía que los delitos que se cometen en este entorno de discoteca sean juicios rápidos y que, además, quienes cometen estas infracciones tengan una medida cautelar o una pena adicional que sea el alejamiento del lugar», explica. El Ejecutivo local también gestiona un canal de comunicación para que los vecinos conozcan las actuaciones institucionales y propongan ideas para «remediar» la situación cada semana.
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