Plentzia y Gorliz quieren «blindar» sus pisos para uso de los vecinos
Ambos municipios crean una oficina de vivienda y derechos sociales debido a que más de la mitad de los lugares de residencia son de uso vacacional
La cercanía al mar y la naturaleza que rodea a los municipios de Plentzia y Gorliz son un escenario en el que queda patente la relación entre la falta de oferta de vivienda y la proliferación de pisos de uso turístico. Pese a que el problema no es exclusivo de estas localidades, los datos reflejan particularidades que agravan la situación: la mitad de las viviendas son segundas residencias. Esta realidad ha impulsado a los ayuntamientos a poner en marcha la Oficina de Vivienda y Derechos Sociales, una iniciativa financiada por la Unión Europea y gestionada a través de UK Behargintza. El objetivo de esta iniciativa es «mejorar el acceso a un lugar de residencia digna y proteger los derechos sociales de los vecinos, al tiempo que se promueve la igualdad de oportunidades».
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Además, se llevan a cabo estudios sobre las características locales del mercado de la vivienda y contactos con asociaciones vecinales para abordar el problema de forma colaborativa. Aunque la creación de la oficina –cuyo proceso es aún preliminar– es un paso importante, la regulación de los pisos turísticos y el aumento de la oferta de alquiler a largo plazo siguen siendo los principales retos.
Según los datos recabados en ambos pueblos, las viviendas de uso esporádico constituyen una de las tasas más altas de España, con una de cada dos en esta situación. Además, la tasa de casas vacías, que ronda el 6,5%, también se sitúa por encima de la media nacional.
El mercado de alquiler también es complicado debido a la falta de viviendas para larga estancia y la proliferación de pisos destinados a uso vacacional. En Gorliz, de las diez viviendas que actualmente se arriendan publicadas en los principales portales inmobiliarios, solo una está destinada a larga permanencia con un precio de 1.100 euros al mes. El resto son propiedades de estancias temporales, con precios que superan los 2.000 euros mensuales en muchos casos.
Plentzia se enfrenta una situación similar. Aunque la oferta de alquiler es más amplia que en otras localidades de la costa vizcaína, la mayoría de los pisos están destinados a turistas. El alquiler de larga duración más económico es de 975 euros al mes, un precio superior a los 750 euros que marca la media del Gobierno vasco.
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Esto contribuye a una tensión significativa en el mercado habitacional, que sigue siendo un reto para las autoridades locales, que buscan regular y limitar la proliferación de los alquileres turísticos. De hecho, Plentzia se convirtió el año pasado en el primer municipio vizcaíno que cobra un recargo del 50% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a las segundas residencias, una medida que hasta ahora entonces solo se estaba aplicando a las viviendas vacías. Hoy en día, Gorliz también aplica un 30% al gravamen a las viviendas que no tienen a personas empadronadas o que carecen de unos consumos mínimos de agua y luz.
Aunque esta no es una medida excepcional –otros municipios también cobran un porcentaje adicional al IBI–, en estos pueblos se justifica principalmente en el incremento de los gastos en el periodo estival, cuando ven triplicado su censo de habitantes. El alcalde de Plentzia, Aitor Garagarza (EH Bildu), señaló cuando se aprobó la subida fiscal que «queremos proteger a las personas que son de aquí y quieren vivir aquí». Según datos del INE, el municipio cuenta con un total de 2.767 viviendas, de las que 1.078 son no principales. Mientras que en Gorliz hay 2.374 de esta tipología de las 4.552 existentes.
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