Plentzia deberá pagar 300.000 euros a una familia por incumplir un contrato de obra
El Tribunal Superior de Justicia les empuja a indeminzar a los particulares por un convenio firmado entre en el año 2000
El Ayuntamiento de Plentzia deberá indemnizar con 243.304 euros, más intereses de demora –en torno a 300.000 euros– a una familia de la villa después de que el gobierno local anulase un permiso de construcción. Así lo ha estimado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en una sentencia del 30 de mayo y a la que ha tenido acceso este periódico. Se trata del segundo auto que el Consistorio recibe en contra de sus intereses en apenas unos días, después de que un juzgado de Bilbao les empuje también a reparar el parking de Arpillao, clausurado en 2020.
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Los hechos se remontan a enero del año 2000, cuando un representante de la familia, el progenitor, y el alcalde electo en aquella época, el jeltzale Nicolás Oñate, firmaron un convenio urbanístico que recogía lo siguiente: los particulares renunciaban a reclamar «todo tipo de daños y perjuicios derivados de la imposibilidad de concluir unas obras ya iniciadas –porque así lo impedía el planeamiento urbanístico vigente en la fecha– y amparadas por una licencia de obra concedida durante una sesión plenaria en 1979 y posteriormente ratificada por Alcaldía en agosto de 1988» a cambio de que el Consistorio se comprometiera a modificar las Normas Subsidiarias en para que la parcela volviese a ser edificable, hecho que no se llegó a materializar pese a intentar cambiarlas hasta en dos ocasiones (2000 y 2014).
Después de casi dos décadas a la espera de que el Consistorio aprobase de forma definitiva la recalificación de este suelo, ubicado en el camino de Txipio, los herederos optaron en 2017 por presentar una reclamación administrativa ante el Ayuntamiento. Sin embargo, ésta fue rechazada por unanimidad en el pleno presidido por el soberanista David Crestelo al asegurar que «un informe jurídico encargado de forma previa por el gobierno municipal, y que analiza de forma exhaustiva la demanda, no consideró procedente su admisión a trámite».
La familia solicitaba una indemnización de 2.687.534 euros, más intereses de demora, «por incumplir el contrato urbanístico alcanzado» en aquella época. De hecho, los demandantes interpusieron un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo aprobado durante la sesión plenaria, recurso que fue desestimado por el Juzgado número 3 de Bilbao al asegurar que el plazo para reclamar había prescito. Esto empujó a los interesados a interponer un recurso devolutivo con el objetivo de anular dicha sentancia judicial. El Consistorio, no obstante, solicitó «la íntegra desestimación del recurso y la reconfirmación de la sentencia de instancia».
No se recurrirá
Ahora, cinco años más tarde, la Justicia ha dado la razón a los propietarios del terreno. Según queda recogido en el auto, «resulta indubitado que el Ayuntamiento no cumplió con lo pactado en la estipulación primera del convenio, es decir, a 'incluir en el referido avance de planeamiento hasta su definitiva aprobación la reclasificación de la parcela como suelo urbano residencial, vivienda libre, donde se ubica la construcción proyectada para el levantamiento de 16 viviendas, bajos comerciales y garajes».
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Aitor Garagarza, actual alcalde de la localidad por EH Bildu aseguró a EL CORREO «haber analizado la sentencia», además de «solicitar una reunión con nuestra defensa para trasladar al resto de grupos la posición y valorar los posibles pasos», confirmando finalmente que el Ayuntamiento «no recurrirán el auto judicial».
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