Patrimonio frena la ampliación de 27 edificios y construcción de otros 4 en el casco histórico de Plentzia

El casco histórico de Plentzia está declarado Bien Cultural por el Gobierno vasco desde 2009. /PEDRO URRESTI
El casco histórico de Plentzia está declarado Bien Cultural por el Gobierno vasco desde 2009. / PEDRO URRESTI

El Gobierno vasco tumba la modificación del planeamiento por incumplir la protección fijada para a este entorno declarado Bien Cultural

TERRY BASTERRA PLENTZIA.

Hasta cuatro nuevas edificaciones y 27 ampliaciones de viviendas previstas en el casco histórico de Plentzia han quedado paralizadas. Y lo estarán por un periodo mayor del inicialmente previsto. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en una sentencia de 2016, ya señaló que el Plan Especial de Rehabilitación, Protección y Conservación (PERPC) del casco histórico aprobado en 2012 por el Ayuntamiento tenía una serie de incongruencias con un documento de rango superior: el decreto de 2009 del Gobierno vasco por el que se declaraba Bien Cultural, con la categoría de Conjunto Monumental, a todo el entorno delimitado por el trazado de la antigua muralla de la villa.

Aquella sentencia se centraba en el edificio del antiguo Hotel Palas y paralizó las obras para reformar el edificio, ampliarlo y darle uso residencial y hotelero. El Ayuntamiento temía que aquel argumento jurídico se podía aplicar a cualquier actuación a realizar dentro de este entorno protegido. Por ello se decantó por realizar una modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Plentzia en este espacio. Este cambio, aún un «borrador» como explica el alcalde David Crestelo, respetaba en «un 95%» el PERPC añadiendo las indicaciones del Tribunal Supremo. Pero no ha sido suficiente.

Al menos así lo estima la Dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno vasco. Este ente autonómico aprecia que las nuevas construcciones y las ampliaciones de las existentes previstas en los documentos de 2012 y de 2018 «suponen un frontal incumplimiento» del régimen de protección aplicado por Lakua en 2009. Entrando en harina, de los 33 edificios para los que se proponía concederles derecho de levante -dotarles de una o varias plantas más, en función de los casos, hasta igualarlo con las construcciones anexas-, 27 cuentan con el veto de Patrimonio. Lo mismo ocurre con cuatro de las seis actuaciones de dotación recogidas en el texto, una figura prevista para parcelas en las que ya existe un inmueble y gozan de espacio para levantar otro, como ocurre en el caso del Hotel Palas.

Desde la Dirección General de Cohesión del Territorio de la Diputación añaden que les falta información para poder tramitar la modificación redactada, ya que el documento recoge el aumento de la edificabilidad y el número de viviendas en la zona, pero sin computar el incremento poblacional que esto produciría. Por lo tanto considera que la propuesta no está suficientemente acreditada. A esto se suma que algunas de las actuaciones recogidas se desarrollan en terrenos afectados por posibles crecidas en el futuro.

Por todo ello el Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación ha decretado que la modificación puntual de las Normas Subsidiarias se someta a una evaluación ambiental ordinaria, en lugar de la simplificada que tenía previsto el Ayuntamiento. El alcalde explica que este nuevo trámite se prolongará durante 24 meses, dilatando los plazos para tener listo un documento que el regidor quiere que se ajuste a las directrices marcadas por las diferentes administraciones y organismos autónomos antes de llevarse a pleno para su aprobación inicial. Para ello se concertarán reuniones técnicas con estos entes «porque de lo que se trata es de hacerlo bien».

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