Loiu cobrará a las empresas de gas y energía eléctrica por ocupar el dominio público

Torre de alta tensión en Pamplona. / JESÚS DIGES
Torre de alta tensión en Pamplona. / JESÚS DIGES

El pleno aprueba por unanimidad una tasa especial, que aplicará por primera vez el año que viene tras el visto bueno del Supremo

Eva Molano
EVA MOLANO

El pleno del Ayuntamiento de Loiu ha aprobado, con la unanimidad de los 11 concejales de PNV, EH Bildu y PP, una ordenanza fiscal pionera para cobrar a las empresas de energía eléctrica y gas por la ocupación que realizan del dominio público municipal con sus infraestructuras de transporte de energía. Es decir, el Ayuntamiento ha considerado que al igual que un hostelero contribuye con un impuesto especial porque su terraza se asienta sobre aceras o zonas peatonales, estas firmas, que cuentan con kilómetros de tuberías, tendidos eléctricos o redes subterráneas por diferentes municipios con ánimo de lucro, también deben pagar por la utilización del espacio.

Así, las firmas deberán abonar un gravamen por los metros de tendido eléctrico, tuberías y galerías para las conducciones de energía, postes, cables, cajas de amarre, transformadores y básculas situados sobre, bajo o en el dominio público municipal de Loiu. La tasa también afectará, por ejemplo, a los aparatos de venta automática, según se recoge en el texto.

Eso sí, todavía está por determinar el importe que el Consistorio va a recaudar cuando entre en vigor esta tasa el próximo año, cuando se aplicará por primera vez. Para cobrar a estas empresas, hay que definir el valor de mercado de la utilidad del suelo municipal. Es decir, en qué manera contribuye el uso del dominio público a sus ganancias, lo que requerirá de informes técnicos. «Así se ha establecido en cinco sentencias que sientan doctrina y afectarán positivamente a diversos municipios, entre ellos a Loiu», explicó el alcalde, Josu Andoni Begoña.

Gravamen voluntario

De hecho, el Ayuntamiento ha decidido aplicar este tributo después de las sentencias del Supremo dictadas desde el año 2016 que han dado validez a este impuesto, que los ayuntamientos pueden recaudar de forma voluntaria. Según la ley de Haciendas locales, las empresas suministradoras de servicios de interés general debían abonar el 1,5 por ciento de los ingresos de la facturación que realizaban a los ayuntamientos afectados por lo que ocupaban dentro del casco urbano. Por ejemplo, así sucede en Getxo.

Esto era beneficioso para las localidades más pobladas pero no para las poco habitadas pero muy extensas, muy afectadas paisajísticamente por estas infraestructuras. Fueron estos pequeños municipios colmados por líneas de alta tensión – pero que jamás recibían nada a cambio– los que iniciaron una batalla. Aprobaron ordenanzas que fueron recurridas de forma masiva por estas grandes empresas. El Supremo dio la razón a las administraciones. «Una vez conocido el fallo por parte del Alto Tribunal contra las firmas que no reconocían el gravamen o lo consideraban desprorcionado, desde el equipo de gobierno nos pusimos a trabajar en dicha materia para defender los intereses de Loiu», aseguró el alcalde. El municipio llevaba ya meses elaborando esta ordenanza fiscal.

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