Un juzgado de Getxo reactiva la investigación del 'caso palacete' un año después
La jueza emite un auto en el que prorroga seis meses más la instrucción para que no prescriba y pide declarar a cuatro personas investigadas
Un año después de que la Fiscalía incoase diligencias previas, el Juzgado de Instrucción número 2 de Getxo reactiva el caso del derribo del palacete ... protegido de Algorta. El hecho generó un profundo malestar ciudadano y político por la implicación de dos concejales del PNV en la cooperativa que tiró el edificio para construir 12 pisos de lujo. A punto de prescribir –la Ley de Enjuiciamiento Criminal estima un plazo máximo de doce meses desde la incoación de la causa–, la jueza destina otros seis meses más para conocer si hubo un presunto delito contra el patrimonio histórico, tipificado en el artículo 321 del Código Penal. Está castigado con penas de prisión de seis meses a tres años, una multa de doce a veinticuatro meses, y una inhabilitación especial para profesión u oficio de uno a cinco años. El tribunal podría llegar a ordenar la reconstrucción o restauración de la obra. (En el último año ha cambiado hasta en tres ocasiones el titular del juzgado).
La ley permite la excepción cuando no ha sido posible finalizar en tiempo la investigación. La magistrada apunta en un auto al que ha tenido acceso EL CORREO que el atestado policial llegó el «29 de septiembre» y reconoce que no se ha podido con «anterioridad» determinar cuáles eran las «diligencias de prueba» ni fijar la «naturaleza y la circunstancia del delito».
El trabajo policial ha sido arduo. Dada la gravedad de lo sucedido, incluso antes de que la Fiscalia abriese diligencias, la sección de Medio Ambiente y Urbanismo de la Ertzaintza inició una investigación. Cuatro días después de que este periódico publicase la demolición, los agentes realizaron una primera inspección ocular. Los detalles recabados por la unidad policial fueron remitidos el 3 de octubre del año pasado al Ministerio Fiscal. Ya se apuntaba a un presunto delito «contra el patrimonio histórico». La maquinaria echaba a andar. Los agentes requerían una ingente cantidad de documentación al Ayuntamiento. Desde la ficha municipal con la protección, hasta las medidas llevadas a cabo por el Urbanismo para evitar el deterioro del edificio, los acuerdos y licencias municipales en torno a la operación, la documentación presentada por el promotor e incluso las actas de las comisiones en las que se había tratado la promoción, entre otras. Todo ello ha sido estudiado y remitido a la instrucción.
La magistrada llama a testificar a cuatro personas. Se trata de profesionales como arquitectos y administradores de empresas que tuvieron algo que ver en el derribo del inmueble de 1845. Hasta el momento no había habido declaraciones en sede judicial. Será en enero, lo harán en calidad de investigados y deberán comparecer asistidos de letrado. La Fiscalía ha confirmado a este periódico que el «procedimiento sigue abierto con sus trámites y las declaraciones acordadas».
Pero además, la jueza requiere a dos testigos. El primero es la persona que elaboró la ITE(Inspección Técnica de Edificios» y la segunda es el administrador de una promotora que, años atrás intentó acometer una construcción similar en la céntrica parcela y que finalmente renunció. Ambos testimonios pueden ser claves.
Evitar el derribo
Con el primero de ellos quiere conocer si la empresa debía haber extremado la precaución para que el edificio no se viniera abajo. La cooperativa Ereaga Atalaya informó en agosto de 2024 al Ayuntamiento de un «derribo de urgencia». Lo justificó porque no le había quedado otra después de que la «rotura de una tubería» en mayo del mismo año provocase una «enorme inundación y desprendimientos».
En marzo el inmueble pasó una ITE en la que se recogía la «obligación de arreglar ciertas deficiencias» para que el edificio no se cayese. Y esas 'particularidades' obligaban a extremar la precaución a la hora de acometer las obras. Esta información se reveló en una de las comisiones que durante los últimos meses ha celebrado el Ayuntamiento de Getxo para conocer si hubo «irregularidades» en torno a la polémica operación. También si los dos ediles cooperativistas, uno de los hombres fuertes del gobierno local, entonces portavoz del PNV, concejal de Hacienda y Personal, Ignacio Uriarte, y su pareja sentimental, Irantzu Uriarte, en aquel momento responsable de Contratación, conocían lo que iba a suceder con un edificio que debía ser protegido por el Consistorio.
Con la testificación del anterior promotor, la jueza quiere dilucidar si la operación era viable económicamente al tener que mantenerse y rehabilitar el palacete. Los arqutiectos municipales dieron vía libre a la construcción siempre que se mantuviesen «tres de las cuatro paredes» por la Custodia Municipal. El incumplimiento de las condiciones y que la cooperativa no tuviese firmada el «acta de replanteo» conllevó la paralización de la promoción por el Ayuntamiento. A día de hoy continúa bloqueada.
Un informe elaborado por el técnico municipal cifra en «más de 730.000 euros» las ganancias de la cooperativa por haber derribado el edificio de forma irregular. Estimaba que la rehabilitación conllevaba un «gasto aproximado de 3, 2 millones de euros frente a los 2,5 millones que implicaba la construcción de un nuevo edificio».
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