La Justicia da la razón a una comunidad de VPO de Getxo en una «obra millonaria»

Varapalo judicial al Ayuntamiento de Getxo. El Contencioso Administrativo número 5 de Bilbao ha dado la razón a los propietarios del número 29 de la calle Arkotxa, unas VPO municipales a cincuenta años. El tribunal libra a los vecinos de tener que hacer frente a la obra «millonaria» que les exigía el Consistorio getxotarra para estabilizar el solar sobre el que se levanta el edificio. Les requería que costeasen el arreglo del terreno y de los movimientos de tierra que han dado lugar a grietas e inundaciones en las viviendas.

Hasta el momento han desembolsado más de «30.000 euros» en derramas para hacer frente a daños, al arreglo de hasta tres veces de las tuberías de saneamiento, etc. Hay más, porque la caja del ascensor está descuadrada y advierten de que se puede «romper la tubería de gas en cualquier momento».

La sentencia a la que ha tenido acceso ELCORREO y que será recurrida por la institución local, toma en cuenta las alegaciones de la comunidad de propietarios al dictamen municipal. En aquel documento el Consistorio obligaba a los residentes a presentar un proyecto de intervención en el que se definiesen las actuaciones a ejecutar. Tanto en la zona de la propiedad como en la vía pública.

Los adjudicatarios de las VPO justificaron en el juzgado que existe un «informe del arquitecto municipal en el que les exoneraban de responsabilidad». Pidieron que la «carga de las obras fuera para el Ayuntamiento». Los abogados municipales aportaron, por su parte, un estudio de una empresa externa en el que se reconocía el «mal comportamiento de los rellenos en la zona afectada, bien por la mala ejecución de los rellenos o debido a un incorrecto drenaje de la zona».Ese documento fue utilizado por la institución local para determinar que es obligación de los compradores hacerse cargo del arreglo. «Se subrogó el derecho a superficie», detallaron.

Los magistrados consideran la falta de informes «más sólidos» que arrojen luz y afirman que el aportado por el Consistorio «no es especialmente contundente en sus conclusiones». No lo suficiente para atribuir a los propietarios de las VPO una actuación de tan envergadura. «Millonaria», insisten los residentes.

El tribunal recrimina al Ayuntamiento que, «pese a su indudable relevancia», no remitiese al Juzgado el informe del arquitecto municipal en el que en 2021 advertía de que «se debía frenar el movimiento porque hasta que se estabilice se seguirán produciendo patologías». En ese documento tampoco se aclaraba la «responsabilidad de la obra».

Para los magistrados «ha de darse la razón a la comunidad demandante» porque «no se sostiene» que sea su responsabilidad por ser «propietarios de lo construido y superficie del terreno». Yrecuerda que el «informe del arquitecto municipal extiende los daños hasta la vía», propiedad del Consistorio.

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