La Justicia obliga a Plentzia a reparar una carretera que cerró en 2016

La Justicia ha dado la razón, por segunda vez, a los vecinos de la comunidad de Isuskiza, urbanización situada a las afueras de Plentzia. El número 4 del Contencioso Administrativo de Bilbao ha emitido una ejecución forzosa -procedimiento judicial cuyo fin es hacer cumplir una sentencia- en relación a la necesidad de reparar una de las carreteras de acceso a las viviendas, la situada más próxima al municipio, dirección Mungia, cerrada hace algo más de seis años por «por motivos de seguridad».

Pese a ser una vía privada de uso público, el tribunal alega que es el Ayuntamiento quien deberá «realizar cuantos trabajos sean necesarios» para afianzar el buen estado del camino, sobre el que todavía se mantienen dos barreras (una situada a la entrada de la urbanización y la otra, tirada, unos metros más arriba) y destacados deterioros. El Consistorio, por su lado, confirma estar «estudiando la resolución» y reconoce haber «desembolsado una gran cantidad de dinero» en su reforma.

El origen del conflicto se remonta a 2016, cuando David Crestelo, alcalde abertzale por aquel entonces, decretó la clausura de la carretera en base a una serie de informes tanto de la oficina técnica como de la Policía Municipal. Incide en que los documentos «pedían que se cerrase por estrictas razones de seguridad» y añade que dichos escritos ya existían con anterioridad, pero que fueron en las «lluvias torrenciales de marzo cuando se volvieron a emitir».

Después de numerosas protestas vecinales, donde hacían hincapié en que iban a «dejar a los residentes aislados», el administrador de la comunidad acudió a la vía judicial en nombre de los más de 1.000 vecinos que allí habitan con el fin de pararlizar el decreto. «La urbanización tiene dos entradas, pero la segunda está junto al monte. En invierno es una pista de hielo. Los coches no pasan y los autobuses apenas llegan», explica Iñigo Zarauz, coordinador de la finca en aquella época.

En septiembre de 2020 el juez dictó sentencia a favor de los plenziarras, por lo que en un plazo de dos meses, el Consistorio debía llevar a puro efecto la resolución. «Los problemas de la carretera vienen desde hace unos años atrás, cuando comenzó a venir más gente a la zona. Pero lo peor fue en 2010 cuando dejaron entrar a camiones para talar árboles, que la acabó estropeando del todo. Cerrarla y no arreglarla, fue un despropósito», reconoce Zarauz. Añade que «nunca hubo un cartel de prohibido el paso» y que la mayoría de los vecinos «seguían cruzando la carretera, pese a la peligrosidad».

Si bien el Ayuntamiento ejecutó hace dos años una serie de mejoras para que los residentes pudiesen pasar, estos no las consideraron suficientes, y a través del informe redactado por una empresa externa, volvieron a recurrir. «Estamos contentos porque la justicia nos ha dado la razón otra vez. Es un problema que se podía haber solucionado hace años sin llegar a estos límites», concluye Zarauz.

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