Getxo salda con 50.000 euros de multa a la promotora el derribo el palacete protegido

El Consistorio desestima las alegaciones presentadas en el expediente sancionador. A pesar de su cuantía, la multa es la máxima contemplada en la ley del suelo y urbanismo del País Vasco y se justifica en el expediente municipal como sanción por el derribo de las cuatro fachadas del edificio sin la preceptiva licencia urbanística. El proyecto inicial preveía que el edificio de 1845 y con una custodia municipal que dificultaba su demolición mantuviera en pie tres de sus cuatro paredes exteriores en el plan de reforma. En el hueco se pretendían edificar seis viviendas manteniendo en el exterior el estilo neoclásico del inmueble original. En la misma parcela se levantaría otro bloque, de estilo moderno y amplias terrazas, con el mismo número de pisos.

Portavoces municipales han asegurado que «el proceso llevado a cabo por el Ayuntamiento ha sido el mismo que en cualquier otro caso de incumplimiento urbanístico, «actuando de manera firme y diligente para garantizar el cumplimiento de la legalidad y la defensa de los derechos de la ciudadanía getxotarra», apunta la nota hecha pública este viernes. Han añadido que la infracción cometida ha sido sancionada con la «multa máxima prevista para este tipo de infracciones, dado que en el expediente se ha apreciado una circunstancia agravante como es el grado de conocimiento técnico de los responsables de la actuación». Los técnicos municipales han tenido en cuenta que la empresa «no adaptó las medidas necesarias para evitar el daño causado». Un informe municipal alertaba del mal estado del edificio y solicitaba para realizar la obra la aplicación de medidas correctoras que evitasen que el edificio se viniera abajo.

La normativa urbanística establece que las infracciones graves, como es en este caso, acarrean penas de entre 5.001 y 50.000 euros. «Tras valorar las circunstancias, se ha atendido a la gravedad de la actuación y a la responsabilidad de los agentes implicados», han asegurado.

No es la única sanción que la cooperativa puede tener que asumir. El Consistorio ha puesto en marcha un segundo expediente sancionador de carácter leve castigado con hasta 5.000 euros porque la empresa carecía del acta de replanteo para iniciar la obra. Con los permisos que tenía únicamente podía desbrozar y preparar el terreno para acometer la construcción.

La promotora justificó en su momento que la rotura de una tubería en mayo provocó movimientos de tierras y que la inestabilidad pusiese en riesgo la labor de sus trabajadores. Eso habría motivado, según la cooperativa, que tres meses después, en pleno agosto, la empresa se viera obligada a tirar abajo lo que quedaba de un inmueble que contaba con protección municipal.

El caso ha generado un importante revuelo porque dos de los compradores que a su vez eran cooperativistas de la promoción, forman parte del equipo de gobierno. El primero de los ediles es Inaxio Uriarte, tercer vicealcalde y concejal de Personal y Organización, Tesorería e Intervención, mientras que su pareja, Irantzu Uriarte, es la presidenta del Aula de Cultura y Concejala de Turismo. El pasado mes de octubre, después de que EL CORREO destapó el caso, la alcaldesa Amaia Agirre llevó a cabo la primera reorganización de su gobierno. Sin merma en el sueldo, a él le retiró la gestión del Servicio de Calidad y a ella le apartó de la concejalía de Contratación y de Gobierno Abierto y Modernización, aunque lo cierto es que ambos han seguido manteniendo un papel relevante en el gobierno municipal.

La empresa promotora dispondrá de un mes, a partir del día siguiente a la publicación del expediente sancionador, para presentar un recurso de reposición, y dos meses para un recurso contecioso administrativo. «Reiteramos nuestro compromiso con la protección del entorno urbano y el cumplimiento de la normativa urbanística vigente, en este sentido, se continuará vigilando y aplicando las medidas necesarias para garantizar el correcto desarrollo de las actuaciones urbanísticas en el municipio», han concluido este viernes. EH Bildu reprochó al inicio del expediente que en ninguno de esos dos documentos se hubiera tenido en cuenta el carácter de edificio protegido, que elevaría la multa hasta los 500.000 euros.