Getxo respalda a sus funcionarios en el derribo del palacete
El gobierno municipal defiende que «no apartó» al arquitecto experto en Patrimonio del expediente, como cree la Ertzaintza
La ampliación de la investigación policial a presuntos delitos de prevaricación en el caso del palacete de Getxo, que afectarían supuestamente a funcionarios municipales, desvelada ayer en exclusiva por EL CORREO, causó un fuerte seísmo puertas adentro del Consistorio que dirigen PNV y PSE. El gobierno local, en todo caso, defendió la labor de los empleados públicos y, ante la principal acusación que trata de probar la Ertzaintza, argumentó que el cambio de arquitecto municipal encargado de controlar el proyecto no tuvo nada que ver en el posterior derribo de las paredes del palacete que, por su catalogación, se debían conservar.
Tal y como publicó este medio ayer, en el atestado enviado al Juzgado la Ertzaintza da por «acreditado un delito contra el patrimonio histórico» por el derribo total del palacete en su proceso de reforma para que acoja una promoción de 12 viviendas de lujo a manos de una cooperativa dos de cuyos integrantes eran en ese momento concejales con responsabilidad política en el Gobierno municipal de Amaia Aguirre, ambos representantes del PNV. Pero la Policía vasca va más allá y transmite a los jueces su intención de continuar con las investigaciones, centradas ahora en reunir pruebas de un presunto delito de prevaricación. Es decir, de que funcionarios municipales y políticos hayan tomado decisiones a sabiendas de su injusticia o su ilegalidad.
El Ayuntamiento de Getxo era ayer una institución conmocionada por la noticia. «Hemos colaborado en todo lo que nos han pedido y facilitado toda la información y documentos que nos han requerido», indicaron a este periódico fuentes de los trabajadores del departamento aludido en el atestado policial. Los agentes de la sección de Medio Ambiente y Urbanismo de la Ertzaintza han acudido en «varias» ocasiones al edificio de Santa Clara, donde se encuentran ubicadas las oficinas urbanísticas del Ayuntamiento getxotarra, reconocen los trabajadores, quienes enfatizan que la colaboración con el cuerpo está siendo plena.
El Consistorio respalda a sus técnicos. Defiende que el actuar de los funcionarios ha sido «escrupuloso». El principal punto que la Ertzaintza quiere aclarar es si el cambio de arquitecto encargado del expediente por otro con menos conocimiento en cuidado del patrimonio tiene alguna relación con la consecuencia conocida, es decir, el derribo total de un palacete que se debía conservar en parte y que, según los informes, ahorró más de 700.000 euros a la promotora.
«No se ha apartado a ningún arquitecto por ese motivo», garantizó el Consistorio, quien además reitera que una vez conocido el caso hizo lo posible por restaurar la legalidad urbanística y aprobó sanciones económicas contra la promotora. Pero los agentes sí que apuntan un «cambio de criterio» por parte del Ayuntamiento. Aluden a un informe interno en el que el arquitecto que abordó primero el caso dijo que había sido retirado del expediente. «En ningún caso», remarcan desde la institución local, «los técnicos dieron permiso para el derribo de los elementos que gozaban de protección y estaban Custodiados de forma municipal». Eso, sí que a su entender, conllevaría haber infringido la ley. «Pero no ha sido así».
La alcaldesa señaló ayer que «si se confirmara que se ha producido alguna irregularidad por parte de personal funcionario o de algún cargo público, el Ayuntamiento actuará en consecuencia, adoptando las medidas necesarias y actuando siempre en defensa del interés general de la ciudadanía de Getxo».
