Getxo pone coto a los campamentos ilegales con más operativos policiales

Las dos últimas actuaciones se han centrado en Larrañazubi. Según ha podido saber ELCORREOse ha retirado «varias tiendas de campaña en las que residían alrededor de 15 personas». Es una zona oculta a la que se llega después de pasar el río. Había dos núcleos, uno a 50 metros del camino y otro algo más escondido, a 100 metros.

Fuentes policiales han asegurado que era «necesario actuar porque se estaba tirando hacia el chabolismo». «Supone un peligro porque se acumula de todo, porquería y comenzaba a ser exagerado», han explicado a ELCORREO. El Ayuntamiento estima en base a estudios de las ONG que el año pasado «alrededor de doscientas personas vivían en la calle» en la localidad. Portavoces municipales han asegurado que se «continúa con el procedimiento habilitado para estos casos» y han detallado que «el 26 de junio se actuó en Lexarreta, donde se retiraron enseres y en ese momento había dos personas».

Cuatro jornadas después los uniformados acudieron también al solar junto al Garbigune. Allí «retiramos enseres procedentes en su mayoría del propio punto limpio», han descrito.

Los colectivos sociales que trabajan en el terreno con los jóvenes que llegan a la localidad, han criticado lo que entienden como «una llamada de atención». «Se quiere decir desde el Ayuntamiento que no van a permitir este tipo de campamentos para que no venga más gente», han asegurado. Han requerido crear junto a los Servicios Sociales y el área de Seguridad Ciudadana un «espacio de trabajo conjunto» en el que buscar soluciones. «No tiene ningún sentido que por un lado les ayudemos y por el otro se les eche, es complejo de solucionar, pero es necesario que el tema se ponga encima de la mesa», han insistido. Hace unos días lamentaron que estas operaciones «no sirven para nada». «Si fuera por seguridad se llevarían las bombonas de butano con las que cocinan, pero desalojan todo. Les desestabiliza y se mueve el problema veinte metros porque no se soluciona», dijeron.

El Ayuntamiento insiste en que en todos los casos está siguiendo el protocolo habilitado, previsto y coordinado entre la Policía Local y los Servicios Sociales. Aseguran que «se garantiza un enfoque respetuoso y acompañante hacia las personas afectadas». La alcaldesa Amaia Agirre lanzó hace unas semanas una petición de ayuda a la Mancomunidad de Uribe Kosta en la que solicitaba su implicación ante la «saturación» que registran los Servicios Sociales del municipio.