«Espero que la justicia me devuelva mi casa tras toda una vida de trabajo»

Su historia ha vuelto al foco de la actualidad después de que el lunes se supiera que la compañía propietaria del piso ha contratado a un grupo de desokupas para echar al nieto de Rosa y a un amigo que desde hace semanas habitan el domicilio de forma ilegal. La mujer se acercó este martes a la plaza Josu Murueta, donde decenas de vecinos se concentraron para mostrarle su respaldo y acompañarla en la denuncia que ha presentado contra la compañía de créditos que se hizo con su vivienda tras lo que consideran un «préstamo abusivo», puesto que de los 7.000 euros iniciales pasó a deber 60.000. Esta propiedad fue el único aval que presentó hace ocho años para obtener el dinero que entonces necesitaba.

Tres meses después del desahucio, sigue esperando que el recurso interpuesto en su defensa tenga algún efecto. El desalojo se ejecutó pese a que aún no se ha celebrado el juicio por este motivo. Rosa atribuye su situación a las «cláusulas abusivas» del contrato, que han «inflado exageradamente» la deuda. Este proceso judicial es la única esperanza que mantiene ella y su familia. «Esperamos una solución en los tribunales y poder regresar a mi casa», afirma.

Semanas después del desahucio, su nieto y un amigo, quienes también vivían en la casa, decidieron regresar a la vivienda para evitar que la empresa la revendiera o alquilara antes de que el proceso judicial concluya. Ahora se enfrentan a una nueva amenaza: el grupo de desocupación que la compañía propietaria ha contratado para expulsarlos.

Según denuncia una portavoz del Sindicato de Vivienda de Uribe Kosta, estos grupos actúan con intimidación y amenazas. «El pasado miércoles, tres hombres se presentaron en Astrabudua, ofrecieron 7.000 euros por la vivienda y amenazaron con bloquear el acceso si no se iban en 24 horas», asegura.

Ante esta situación, los vecinos del barrio han comenzado a organizarse para estar preparados. «No vamos a permitir que expulsen a más familias con miedo, intimidación y violencia», advierten desde el sindicato, que insiste en la necesidad de denunciar públicamente estas prácticas y hacerles frente.

Pese a que la agrupación no ha recibido más denuncias similares en la comarca, tanto los activistas como los vecinos advierten que hay otras familias en riesgo de desalojo, incluso en el mismo municipio de Erandio. Para prevenir nuevos casos, este colectivo aprovechó la concentración celebrada este martes para alertar a los vecinos sobre el funcionamiento de las empresas de préstamos y de desocupación, con el objetivo de que más personas denuncien estas situaciones y se organicen .