Erandio legaliza 18 terrazas de bares por recomendación del Ararteko

El Ayuntamiento de Erandio recibió en junio del año pasado una recomendación del Ararteko para que se retiraran las terrazas no autorizadas de bares de la localidad. Era la segunda ocasión en el que el Defensor del Pueblo vasco se pronunciaba sobre este tema ante la denuncia de un vecino que se quejaba de que no respetaban la debida separación de dos metros entre el local y el velador. El denunciante apuntaba las dificultades que tenían los viandantes para transitar, especialmente los que, como él, utilizan sillas de ruedas y tienen problemas de visibilidad.

Ante este requerimiento, las autoridades locales ya han legalizado dieciocho veladores y tramitan otras seis licencias para cumplir con lo recomendado por el Ararteko. «Con el primer escrito nos percatamos de que existía una disfunción administrativa. Los establecimientos pagaban las tasas de ocupación de suelo público, pero carecían de licencia para montarlas. Los hosteleros pensaban que al abonar este canon ya contaban con el permiso pertinente», según explican fuentes municipales.

El laborioso proceso administrativo no ha estado exento de advertencias a los profesionales que no presentaban con diligencia la documentación necesaria para la legalización de sus espacios al aire libre. «Ya hemos impuesto alguna multa coercitiva con un importe de 600 euros», sostienen desde el Ayuntamiento, que pondrá en marcha una segunda fase para la «fiscalización de todas las terrazas para que la situación no se vuelva a repetir».

El portavoz municipal subrayó que en el plan normativo para 2020 se ha introducido «la modificación de la ordenanza de ocupación de vía pública», que abarcará a las terrazas y a los veladores con «un ordenamiento jurídico adaptado a la actualidad del municipio».

En su día, la oficina del Defensor del Pueblo dirigida por Manuel Lezertua reclamó la retirada de las instalaciones no legales, pero la respuesta recibida no confirmaba el cumplimiento de la orden. De hecho, la actuación por parte de la Policía Municipal se limitó a «dar fe del incumplimiento de la ordenanza y de las órdenes de Alcaldía, sin adoptar medidas para hacer cumplir lo ordenado», según el informe.

Por ello, el Ararteko recomendaba «hacer efectivas las órdenes de retirada» y que en caso de incumplimiento por los afectados se habilitaran «medios para ejecutar subsidiariamente lo ordenado». También se pedía que se incoaran expedientes sancionadores por infracción de la ordenanza reguladora.