«Construir la casa de mis sueños se ha convertido en 16 años de calvario»

Estaba en el sector 8.1, «con el plan de reparcelación realizado. Nos dijeron que iba a ir todo muy rápido, que en cuestión de seis meses se podría empezar a edificar. Pero lo que iba a ser medio año se convirtió en una década. Yo sólo quería mi casa para tener dos filas de lechugas, mi perro y unas cuantas gallinas…», asegura. El proyecto de urbanización, reparcelación y demás trámites se fueron retrasando. «Iban rebotando de la Diputación al Ayuntamiento y al Consorcio de Aguas, hasta que terminaron por salir».

Las obras de urbanización – la introducción de servicios y construcción de aceras– empezaron en el 2008, y terminaron dos años después, «con un sobrecoste importante: de los ocho millones de pesetas que los técnicos y peritos nos dijeron que iban a costar en un principio, salieron por 22», esgrime. Los trabajos culminaron en plena crisis, y fue complicado sacar el proyecto adelante con empresas que se encargaran de la construcción de cuatro viviendas en dos terrenos, uno de Ripa y el otro de otro propietario.

Sin prórroga

Finalmente, confiaron en una, que pidió la licencia de edificación el Ayuntamiento de Sopela. La obtuvo en 2012. «Pero la empresa nos dejó tirados después de hacer una excavación», relató. Se sucedieron dos años hasta que pudieron rescindir el contrato con la firma. Ripa decidió entonces retomar las obras con otra empresa, y solicitó la transmisión de la titularidad de la licencia en 2015.

«El alcalde nos dijo que estaba sin caducar oficialmente y que podíamos pedir la prórroga». Entonces encontraron a dos parejas para las otras dos casas, «ahora obligadas a seguir pagando un alquiler», dice. Ya en 2016, pidieron la prolongación del permiso, pero ya había caducado a través de una resolución. «Podían habernos dado la prórroga, porque para eso existen. No hubieran hecho nada ilegal», denuncia. El año pasado interpuso un contencioso contra el decreto de alcaldía que declaraba la caducidad de la licencia, aunque finalmente lo retiró «para no estar otros dos años pleiteando».

Ahora, ha tenido que empezar de nuevo: introdujo otro proyecto en Urbanismo hace tres meses y espera conseguir lo antes posible una licencia que termine con su particular drama. Para que el proceso no se eternice, ha decidido protestar. «Con más de medio siglo de vida, me he visto obligado a colocar una pancarta», señaló. El alcalde, Gontzal Hermosilla, defiende que la licencia caducó, por lo que ha tenido que tramitar una nueva, y que el Ayuntamiento la resolverá «a su debido tiempo», pues no pueden priorizar su caso respecto al resto. «Se le dará respuesta en el plazo habitual. No estamos de acuerdo con esa pancarta porque ha venido a exigir celeridad, y el Consistorio no puede ir más rápido por las circunstancias concretas de esta persona. Sería ilegal e injusto para con el resto», dijo.