El conflicto para derribar cinco casas hipoteca la reforma urbanística del centro de Algorta

El Ayuntamiento getxotarra se enfrenta a varias aristas para terminar de dar con una solución para los cinco edificios. Llevan casi dos décadas fuera de ordenación sin posibilidad de hacer obras ni reformas. Y eso se nota. Pero además, cada vez se enquista más una propuesta consensuada. En el centro de la polémica la decisión de modificar en 2019 el proyecto urbanístico inicial para incluir una parcela de mil metros cuadrados en la calle Puerto Orduña, a varios kilómetros.

Los propietarios de las viviendas de Sarrikobaso no lo entendían y la incorporación del solar hizo volar por los aires el acuerdo al modificarse las mayorías de los propietarios en la Junta de Concertación. Al entrar más personas en la operación, los beneficios son menores que los pactados inicialmente en la modificación que realizó el Ayuntamiento en 2016.

Los propietarios de los números 17 y 19 ultiman la demanda contra el Ayuntamiento y recurrirán el futuro Paln General de Ordenación Urbana (PGOU) nada más se apruebe de forma definitiva. Quieren sentar en los tribunales al «concejal de Urbanismo y a los técnicos municipales», que consideran les han perjudicado al reducirse a la mitad el coeficiente de construcción y, por tanto, los beneficios. «Creemos y tenemos sospechas fundadas de que han cometido irregularidades. Es una vergüenza la respuesta que nos han dado a las alegaciones, hemos gastado más de 200.000 euros en estudios para luego esto», asegura Juan Antonio Andrés. Ha remitido su decisión a la Corporación local.

Mientras tanto, el área de Urbanismo está intentando negociar con los dueños del número 9 para que allanen el camino al derribo. Tampoco está fácil. Su propietario, Aitor Ansoleaga, se ha quejado en reiteradas ocasiones en comisiones y plenos de cómo vive él y su familia en un edificio en ruinas. Quiere una solución que no le perjudique.

«Garantías legales»

La institución local ha contratado a una empresa externa para que sustente un informe de ruina del edificio.El Ejecutivo local, en manos de PNV y PSE, se ha comprometido con el resto de partidos políticos en comisión a demoler el edificio de «forma subsidaria si los propietarios no lo hacen».

Hace cuatro años un informe del arquitecto municipal corroboró el deficitario estado y declaró la ruina. Sin embargo, el área de Urbanismo considera que para iniciar el procedimiento con «garantías legales» una empresa ajena debe valorarlo de forma detallado. En opinión del concejal de Urbanismo, Álvaro González, «el informe municipal no era suficiente y hay que acreditarlo», por un lado, para los propietarios, y por el otro, para que «el Ayuntamiento se pueda proteger de una acusación de arbitrariedad». «Ya se ha visitado el edificio por parte de la empresa para dar los pasos pertinentes», añade el responsable de Disciplina Urbanística, Iñigo Urkitza.

Las críticas arrecian por parte de EH Bildu y Elkarrekin Podemos. Requieren al Ayuntamiento que adquiera los terrenos para zanjar el bloqueo. Mientras, el PPconsidera que el nuevo PGOUpuede ofrecer una solución porque a día de hoy los dueños no pueden vender. «No entendemos por qué si hay un informe municipal que insta a la ruina desde hace tres años no se ha hecho nada. Lleváis la vida amargando a estos propietarios, sois los culpables», recrimina Ibon Rodríguez, portavoz de EH Bildu. «No tuvo lógica introducir un nuevo terreno», recrimina el edil. «Hay informes técnicos que lo avalan, era necesario hacer dos volúmenes diferentes para que se pudiera desarrollar esas viviendas, no se podría haber hecho sino», justifica González.