Las claves del derribo del palacete de Getxo
Un Juzgado ha reactivado la investigación un año después de que la Fiscalía solicitase a la Ertzaintza investigar los hechos y tomará declaración a cuatro personas en enero
El derribo de un palacete protegido de 1845 en Algorta por una cooperativa generó en agosto de 2024 un auténtico revuelo político y ciudadano en Getxo. En un primer momento, el caso desvelado por EL CORREO saltó a la luz por la «pérdida de patrimonio» que suponía, y porque la promotora había actuado «sin la licencia» municipal pertinente. Carecía del acta de replanteo obligatoria para comenzar las obras. Aunque fue en todo caso el cariz político que fue tomando el asunto lo que incrementó la «indignación vecinal». La implicación como cooperativistas de dos concejales del PNV, Ignacio Uriarte y su compañera sentimental, Irantzu Uriarte, pesos fuertes en el gobierno municipal, desató numerosas incertidumbres y preguntas.
La oposición ha llevado durante este año en varias ocasiones el asunto a comisiones y plenos para saber si pudo haber «un trato de favor» por parte del Ayuntamiento a la promotora y si «los cooperativistas eran conocedores del derribo de un edificio que gozaba de Custodia municipal». El caso está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Getxo después de que EH Bildu acudiese a la Fiscalía. Cuatro personas declararán el próximo mes de enero investigadas por un presunto delito contra el patrimonio histórico, tipificado en el artículo 321 del Código Penal.
El proyecto presentado en el Consistorio suponía la construcción de 12 pisos de lujo, 6 de ellos en el palacete y los otros 6 en un edificio de estilo moderno y de nueva construcción.
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Cooperativistas
La gestora de cooperativas Biurban solicitó al Ayuntamiento de Getxo en junio de 2023 la licencia para construir en la parcela donde se levantaba hasta entonces un edificio denominado Irurak Bat, un palacete de estilo neoclásico del siglo XIX con vistas al mar. Dos años antes, otra empresa, Eslora, había intentado ejecutar el proyecto, pero renunció al considerar que no era «viable económicamente». Biurban presentó los «mismos documentos, memoria y proyecto» que la anterior empresa. Incluso contestó a las objecciones que el Consistorio había puesto al anterior proyecto, lo que en opinión de la Ertzaintza, deja entrever «contactos previos» entre los trabajadores del Ayuntamiento y Biurban.
Los dos ediles del PNV, Ignacio Uriarte y su compañera sentimental, Irantzu Uriarte, se convirtieron en socios el «13 de marzo de 2023». Fueron los «octavos» en hacerlo. Irantzu Uriarte sí comunicó en su declaración de bienes al Ayuntamiento que se había convertido en integrista de la sociedad, pero Ignacio Uriarte no lo hizo. Gracias al atestado policial de la Ertzaintza se conoce que ella fue «socia fundadora» y, junto a su compañero sentimental, «los terceros en hacer la reserva» del piso que posteriormente compraron, un bajo.
Los agentes consideran que la cooperativa se formó antes de que Biurban solicitase la licencia. «Las personas físicas y jurídicas que iban a conformar la cooperativa habían acordado crear la sociedad con anterioridad a esa fecha», aseguran. Irantzu Uriarte votó a favor de dar la licencia a Biurban en la Junta de Gobierno Local en octubre de 2022. Por causas que se desconocen Ignacio Uriarte no acudió ese día al Ayuntamiento.
A los cuatro días de la publicación de EL CORREO, el Consistorio reconoció la implicación de los dos políticos en el caso, les apartó del procedimiento y les impidió manifestarse. El gobierno local ha sufrido tres crisis de gobierno por este escándalo. En una primera, la alcaldesa Amaia Aguirre retiró a los dos concejales algunas de sus funciones y luego se vio obligada a reajustar y repartir las áreas ante la ausencia de los dos políticos del gobierno. Agirre pidió en verano al partido que Ignacio Uriarte saliese del Ejecutivo local, incluso amenazó con dimitir, pero no consiguió hacerse valer y el edil ha vuelto recientemente a sus funciones en el equipo de gobierno.
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Licencia
En octubre de 2022, la Junta de Gobierno Local otorgó a Biurban, que meses después creó la cooperativa y representa a la sociedad, una licencia para derribar las construcciones auxiliares, rehabilitar y construir 12 viviendas en la calle San Nikolas. Los técnicos municipales obligaron a mantener tres de las paredes del palacete. Ahora se conoce gracias al atestado policial de la investigación que al tratarse de un Bien de Interés Cultural debía haber conservado las «cuatro paredes y la cubierta».
La Ertzaintza pone en el punto de mira los ajustados plazos de la tramitación de la segunda licencia. La gestora de cooperativas pidió la licencia un mes después de que se cerrase el anterior expediente y solicitó el permiso tres meses antes de que el pleno aprobase de forma inicial el Plan General de Ordenación Urbana, un momento clave porque con la aprobación de esa normativa se paralizaban los permisos para construir durante dos años. Pero además, con el nuevo planeamiento en vigor la promoción hubiera sido más complicada de desarrollar porque en ningún caso se hubiera podido tirar ni siquiera una parte del edificio. El nuevo planeamiento protege más los edificios custodiados de forma municipal, como es el caso del palacete Irurak Bat.
La investigación revela un «cambio de criterio» en el Ayuntamiento y, mientras la tramitación de la primera licencia, la que solicitó Eslora, estuvo en manos de un arquitecto municipal con conocimientos en patrimonio, la segunda, la de Biurban, recayó en otra arquitecta que no tuvo en cuenta en ningún momento el carácter protegido del edificio.
Una vez revisado el expediente, los agentes consideran que hay «indicios» de prevaricación por parte de «autoridades o funcionarios» que «resuelven a sabiendas de forma injusta sobre la alteración o derribo de edificios singularmente protegidos». Informan a la jueza que seguirán investigando.
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Ahorro económico
Que el edificio de estilo neoclásico de 1845 no se rehabilitase, como inicialmente estaba previsto, y la promotora lo derribase de forma «urgente» generó un ahorro a la cooperativa de 730.000 euros. El arquitecto municipal experto en patrimonio, que fue apartado de la tramitación del expediente, elaboró un informe en el que detalló las ganancias obtenidas.
El documento estima que la rehabilitación de Irurak Bat, un edificio histórico de carácter neoclásico, hubiera conllevado «un gasto aproximado de 3,2 millones de euros, frente a los 2,5 millones que implicará la construcción de un nuevo edificio tras el derribo.
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Expediente sancionador
El Ayuntamiento se ha visto obligado a recalcular la sanción que deberá imponer por el derribo. Todavía está por ver la cuantía final que impondrá. Un recurso de EH Bildu pedía al Consistorio que la sanción tuviera en cuenta el beneficio que ha tenido la empresa. Inicialmente, el Ayuntamiento fijó una sanción de 50.000 euros que debía sufragar a partes iguales la cooperativa, la constructora, el director de obra y el arquitecto. Castigaba el derribo de las cuatro fachadas del edificio sin la preceptiva licencia urbanística. El proyecto inicial preveía mantener en pie tres paredes exteriores. La Ertzaintza eleva la prohibición de tirar las cuatro fachadas y la cubierta al tratarse de un Bien de Interés Cultural.
Una segunda multa económica también dirigida contra la cooperativa, la constructora, el director de obra y el director de la ejecución de los trabajos les sanciona de forma subsidiaria con 3.875 euros por iniciar el tajo sin acta de replanteo, un permiso ineludible.
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En el Juzgado
El Juzgado de Instrucción número 2 de Getxo reactivó el caso en octubre. A punto de prescribir –la Ley de Enjuiciamiento Criminal estima un plazo máximo de doce meses desde la incoación de la causa–, la jueza destina otros seis meses más para conocer si hubo un presunto delito contra el patrimonio histórico, tipificado en el artículo 321 del Código Penal. La magistrada llama a testificar a cuatro personas. Se trata de profesionales como arquitectos y administradores de empresas que tuvieron algo que ver en el derribo del inmueble de 1845.
Hasta el momento no ha habido declaraciones en sede judicial. La jueza requiere a dos testigos. El primero es la persona que elaboró la ITE (Inspección Técnica de Edificios» y la segunda es el administrador de una promotora que, años atrás intentó acometer una construcción similar en la céntrica parcela y que finalmente renunció. Ambos testimonios pueden ser claves.
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Investigación policial
La Ertzaintza da por «acreditado» que los autores del derribo cometieron un presunto «delito contra el patrimonio histórico» y extiende la investigación a la forma de proceder del Ayuntamiento. Consideran que existen «indicios» de que «autoridades o funcionarios públicos» informaron «favorablemente» sobre el derribo y «resolvieron o votaron a favor de la concesión de estos proyectos a sabiendas de su injusticia». La Ertzaintza en su informe de casi 200 páginas reconstruye los hechos y pone el foco en que el «único arquitecto experto en patrimonio» dejó de estar al frente del expediente. Había puesto reparos al proyecto. Los permisos fueron después tramitados por una técnico municipal que no tuvo en cuenta en sus exigencias que se estaba ante un «Bien de Interés Cultural». Los agentes aseguran la existencia de «contactos previos» entre los servicios municipales y la cooperativa antes de que presentasen la solicitud de licencia.
