EH Bildu reclama que se lleve a la Fiscalía el caso del polémico palacete derribado en Getxo

EH Bildu solicitó que «se ponga en conocimiento de la Fiscalía el caso, por si los hechos pudieran ser constitutivos de ilícito penal». La coalición soberanista quiere aclarar las «circunstancias» que rodean al caso y si, como cooperativistas, Inaxio Uriarte, portavoz del PNV, tercer vicealcalde y concejal de Personal y Organización, Tesorería e Intervención del Ayuntamiento de Getxo, y su pareja, Irantzu Uriarte, concejala de Contratación y presidenta del Aula de Cultura, tuvieron algo que ver en la demolición. Requirieron en esta línea que se facilite un informe de «todos los pasos dados por el Ayuntamiento y se esclarezcan las «posibles irregularidades» cometidas por la empresa.

La formación se ha personado en el expediente del derribo del edificio neoclásico de 1845 'Irurak Bat'. Esta decisión le permitirá conocer «todos los detalles sobre posibles irregularidades» y poder tomar «las medidas oportundas», aseguraron.

El PP, principal partido de la oposición, remarcó que en caso de que no comparezcan, como ha solicitado, el responsable de la cooperativa, de la constructora y el director de la obra, en la comisión de Territorio prevista para el próximo jueves, solicitará una «comisión de investigación». Los populares quieren saber además la identidad del resto de cooperativistas por «si pudiera haber más implicaciones políticas». «Aunque no haya más concejales entre los futuros compradores sería importante si se comunica que hay más gente con cargos en su partido», afirmó el portavoz, Eduardo Andrade.

Elkarrekin Podemos, exigió al Ayuntamiento que acuda a la «vía penal» para resarcir la pérdida de patrimonio. «Hemos solicitado que tanto el concejal como el personal técnico responsable informen detalladamente de los antecedentes y lo acaecido, por orden cronológico», insistieron. La formación morada recriminó al Ayuntamiento «exculpar de la ilegalidad cometida» y afirmó que la respuesta de la cooperativa es «irrisoria».

La promotora Atalaya Ereaga desveló el jueves que el derribo tuvo lugar en agosto «de urgencia para evitar desgracias personales a trabajadores o vecinos». Y aunque «no estaba previsto en el proyecto original ni en la licencia, el sentido común y la obligación de evitar desgracias lo hicieron inevitable» dijo, después de que se rompiera una «tubería de agua el 15 de mayo» que provocó «desprendimientos».