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La nueva ley de la Infancia y Adolescencia ha comenzado este miércoles por la mañana su tramitación. La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa, ha presentado la iniciativa en la Cámara vasca y ha destacado que la nueva norma reconoce la prevalencia del interés superior de los menores como titulares de derechos y no como sujetos de protección.
La Comisión de Políticas Sociales y Juventud del Parlamento vasco ha acogido este miércoles la comparecencia de la consejera, que ha destacado que este nuevo marco legal es «fruto de un extenso trabajo colaborativo con colectivos sociales y personas experta en el tema, con una especial participación activa de la infancia y adolescencia». De esta manera, ha señalado que la nueva normativa destaca por «la prevalencia del interés superior del niño, niña o adolescente, reconociendo explícitamente este derecho».
«El objetivo principal de esta ley poner en el centro de todas nuestras decisiones el interés superiores de los adolescentes», ha señalado. De esta manera, la nueva normativa busca reconocer las capacidades de la infancia «a participar de manera activa en la sociedad». Con el fin de lograr estos objetivos, la nueva legislación promoverá nuevas instituciones como el Órgano Interinstitucional para la Infancia y la Adolescencia y el Sistema Vasco de Información sobre la Infancia y la Adolescencia con el objetivo de «desarrollar políticas transversales».
En respuesta a las preguntas de los grupos parlamentarios, ha enfatizado en la importancia de que la ley salga adelante durante esta legislatura. También ha destacado el compromiso de incluir las conclusiones de la ponencia de abusos sexuales a menores en la nueva norma.
La regulación actualiza la que está en vigor desde 2005 y busca adaptar la legislación aprobada desde entonces a la nueva realidad social. No pasa por alto el documento la preocupación, especialmente a raíz de la pandemia, por la salud mental de los niños y jóvenes. De ahí que una de las prioridades sea ofrecer un espacio a los menores que presentan, al mismo tiempo, trastornos de este tipo y otras «graves limitaciones funcionales».
La fórmula que recoge el documento es la creación de unidades de atención sociosanitarias residenciales específicas. Estos centros se integrarán en la red de servicios sociales de los territorios históricos y serán coordinados en colaboración con el Departamento de Salud. Estarán dotados de «equipos mixtos», con profesionales de intervención social dependientes de las diputaciones y personal especializado en psiquiatría infanto-juvenil de Osakidetza.
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