El juzgado recuerda que fiscal y Audiencia avalaron el archivo de un caso de homicidio

Entre ellos la muerte de R.C.T.C., cuya investigación debe reabrir ahora este juzgado de instrucción. El cuerpo sin vida del hombre se descubrió después de que los vecinos dieran aviso de que faltaba desde hacía días -había fallecido cuatro o cinco jornadas antes-. El informe de la autopsia decretó que se trataba de «una muerte natural», ya que en el cadáver no había ninguna marca que apuntara a un homicidio. La titular del órgano instructor dictó el sobreseimiento de la causa.

Días después, el 27 de septiembre de aquel 2021, un hermano de la víctima denunció ante la Ertzaintza que la cuenta del fallecido había registrado movimientos después de su muerte, como transferencias y compras, y presentó una denuncia. El órgano instructor recuerda que no recibió el atestado ampliatorio de la Policía autonómica por la supuesta estafa «hasta ocho meses después».

A raíz de esta novedad y del informe policial que establecía un «patrón criminal» en una serie de muertes de hombres en 2021 en Bilbao, la magistrada ordenó que se practicara una nueva diligencia, el análisis toxicológico de las muestras recogidas en el cuerpo en busca de posibles drogas de abuso. El resultado fue negativo y volvió a cerrarse el caso, aunque se mantuvo abierta la parte referida a los delitos económicos. De hecho, Nelson David fue condenado a dos años y tres meses por estafa. El juzgado advierte de que todas las resoluciones contaron con el informe favorable del Ministerio fiscal y que la Audiencia vizcaína confirmó en su totalidad tanto los autos como una providencia.

Los padres y hermanos del fallecido llevaron el caso en amparo hasta el Tribunal Constitucional. La Sala Primera, presidida por Cándido Conde-Pumpido, considera que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva y reprocha a la magistrada de instrucción que no practicara más diligencias ante las «sospechas razonables» de una posible muerte violenta. En el fallo, la Corte anula el archivo y retrotrae las actuaciones al juzgado instructor para que realice una «investigación eficaz». El alto tribunal entiende que no se agotaron todas las posibilidades indagatorias al denegar pruebas solicitadas por la Ertzaintza o por la familia.

Además, le reprocha que no informara a la familia del sobreseimiento, lo que le hurtó la posibilidad de recurrir e imposibilitó su participación en el proceso penal. El juzgado de instrucción advierte de que «nunca se incoaron diligencias por delito de homicidio, por lo que difícilmente se podía notificar a los parientes».