La Justicia cierra el 'caso del falso policía' de Etxebarri por considerarlo prescrito

Pero vayamos por partes. La magistrada que ha investigado la causa contra el policía considera que lo que hizo J.B. fue un «delito leve» de falsificación de certificado que ya ha prescrito porque los hechos se cometieron en 2019 y, en el caso de las faltas leves, estas 'caducan' al de un año. De ahí que no entre en el fondo del asunto y archive la causa sin valorar el comportamiento del sospechoso, que trabajó varios años como agente y que fue despedido de su puesto en Etxebarri en mayo de 2024. «El procedimiento ha terminado por cuestiones procesales», explica una fuente judicial.

El escándalo fue destapado por EL CORREO el pasado diciembre. Este diario publicó que J.B. falsificó en 2019 presuntamente un título de la Academia de Arkaute que acreditaba que había recibido 120 horas de formación entre 2015 y 2016. También presentó un currículo falso que decía que había estado trabajando como policía interino en Leioa en 2017. A raíz de esos documentos, estuvo empleado varios años en Etxebarri como cualquier otro agente: llevó el arma reglamentaria, detuvo a personas, puso sanciones administrativas, llegó a ser elegido representante sindical e incluso una vecina le denunció ante el alcalde por amedrentarla.

La 'tapadera' que había estado utilizando se destapó por su «fanfarronería», explicaron varios de sus compañeros, que sospechaban de algunas actuaciones que se atribuía. Primero llamaron de forma oficiosa a agentes de otros cuerpos municipales. Y después lo hicieron a la propia Arkaute. Cuando en ambas administraciones les dijeron que no conocían de nada a esa persona se encendieron las alarmas.

El rumor de que había un falso policía patrullando por el pueblo empezó a extenderse entre los vecinos. El Ayuntamiento de Etxebarri, gobernado desde hace décadas por la plataforma independiente La Voz del Pueblo, puso lo ocurrido en manos de la Fiscalía. Lo hizo después de que el portavoz municipal del PNV le advirtiese en un pleno que serían los jeltzales quienes irían al Ministerio Público si el Ayuntamiento no denunciaba lo ocurrido.

A raíz de ahí comenzó una investigación que en un primer momento se centró sólo en el falso agente, pero que dio un giro a raíz de la ampliación del atestado que realizó la Ertzaintza y que puso el foco en la actuación de los responsables políticos. Como ya adelantó este periódico, los documentos que obran en la investigación indican que en el Ayuntamiento de Etxebarri conocían las supuestas irregularidades por lo menos ocho meses antes de despedir al agente. Los más relevantes eran los correos electrónicos enviados por la Academia de Arkaute y el Ayuntamiento de Leioa a la Corporación municipal en agosto de 2023.

Con esa nueva información, el juzgado encargado del caso de J.B. abrió una investigación separada, que recayó en otro juez de instrucción. Se da la circunstancia de que en enero, prácticamente al mismo tiempo que los políticos eran imputados por este asunto, la otra jueza decidió archivar la causa contra el falso policía. A grandes rasgos, la magistrada considera que no se le puede imputar un delito de falsedad en documento público -un asunto mucho más grave que el delito leve por manipular una acreditación- ya que el Ayuntamiento de Etxebarri no exigía ningún tipo de titulación de la Academia de Arkaute para acceder al puesto.

Esa resolución judicial se ha dado a conocer ahora, cuatro meses después. Y ha coincidido con la publicación del cierre provisional de la segunda causa, la que tenía que ver con los cargos políticos. El magistrado considera que no existen pruebas de que los dirigentes políticos y los mandos imputados cometieran prevaricación -dictar una resolución a sabiendas de su injusticia- por los distintos nombramientos que consiguió el falso policía en 2019, 2021 y 2023.

El partido independiente La Voz del Pueblo ha mantenido en estos meses su respaldo a sus cargos públicos y ha llegado a cargar contra la Ertzaintza y el Departamento vasco de Seguridad por supuestas «irregularidades» en la investigación. En estas circunstancias, el 'caso del falso policía' se cerrará definitivamente si la Fiscalía no decide recurrir alguna de estas dos resoluciones.