La Justicia avala el cese de un funcionario de Bilbao que se negó a llevar mascarilla

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Los hechos se remontan a febrero de 2022. El hombre entró a trabajar en el Consistorio de manera temporal, como funcionario interino, a través de una bolsa de empleo. El objetivo de su puesto era «dar soporte a la dirección» del Ayuntamiento, «siendo el interlocutor con las subdirecciones de área en relación a la planificación y control de los proyectos en curso». Esta persona, además, tenía que asistir a las reuniones y levantar acta de lo que allí acontecía, como así se refleja en la resolución judicial.

Este trabajo requería «contacto con compañeros y jefes, así como encuentros, que en algunos casos eran telemáticos y en otros no, por lo que el uso de la mascarilla resultaba obligatorio». El funcionario recién designado se negó desde el primer momento a llevar el cubrebocas. Alegó que tenía problemas de salud. Para ello presentó varios documentos que avalaban una supuesta exención. Sin embargo, los jueces constatan ahora que se trató de informes «contradictorios», ya que el servicio de prevención de riesgos del Consistorio consideró que «no existen causas médicas para la exención del uso de la mascarilla». Subraya el TSJPV que «por un lado encontramos un informe médico que contiene el diagnóstico de rinitis pero no consta ni historia clínica, ni síntomas, ni tratamientos ni evolución al respecto». En esta línea añaden que «otro tanto ocurre con el certificado médico que presenta y en el que se recoge que debido a los antecedentes y a la clínica que presenta el uso de la mascarilla puede originar lesiones perjudiciales; pero ni se concretan los antecedentes, ni se describe la clínica ni tampoco sabemos qué lesiones pueden derivar del uso de la mascarilla».

El trabajador cesado pidió, incluso, trabajar aislado del resto del personal en un despacho. Pero fue algo que se le negó al considerar los responsables municipales que en su función era imprescindible el contacto directo e «intenso» con otros empleados locales. En la sentencia también se señala que varios funcionarios expresaron su malestar y «queja» por «el riesgo de contagio» del coronavirus, si mantenía su actitud de no ponerse el protector buconasal. «El apelante perfectamente podía ser contagiado pero, y esto es lo importante, también ser fuente de contagio para terceros», dice el TSJPV.

Los jueces niegan que se haya producido una discriminación e insisten en que el cese no se trató de una sanción disciplinaria, sino que fue una decisión adoptada dentro del marco de la competencia municipal que permite no admitir a un funcionario interino que no se adecúe correctamente al puesto a desempeñar en un periodo de seis meses desde su nombramiento. El trabajador cesado permaneció poco más de un mes en el Consistorio y con su salida «finalizó su vinculación con este Ayuntamiento», apuntan fuentes municipales.