Un juez obliga al Gobierno vasco a devolver un piso a okupas en Muskiz

La familia lleva viviendo en este piso «alrededor de un año», según explicaron a EL CORREO en una breve conversación, en la que relataron parte de lo sucedido. El 11 de enero, el Departamento de Vivienda presentó una demanda por la ocupación del inmueble. Ellos alegaron que la casa se la había alquilado una tercera persona por tiempo indefinido por un total de 1.500 euros y presentaron un contrato privado.

En estas circunstancias, en marzo, un juzgado de primera instancia de Bilbao, en una vista celebrada para decidir sobre el uso de la vivienda, se basó en el principio de la «presunción de buena fe» de los moradores para permitirles seguir en el piso de forma cautelar. Es decir, hasta que se pueda probar la autenticidad de ese contrato de alquiler -ya que ellos mismos podrían ser víctimas de una estafa- y se resuelva la demanda presentada por el Ejecutivo. Ese procedimiento judicial sigue abierto. Hasta entonces no se puede expulsar a estas personas y adjudicar la vivienda a sus beneficiarios, detallaron fuentes oficiales del Departamento vasco de Vivienda. «Tenemos gente en situación de vulnerabilidad esperando por pisos como este», añadieron.

Sin embargo, a Alokabide -la sociedad que gestiona los inmuebles con rentas públicas en Euskadi- llegaron el pasado jueves noticias que indicaban que la familia se había marchado de la casa. Al día siguiente comprobaron que seguían sin estar allí y decidieron instalar una puerta 'antiokupas'. Lo hicieron, según los mismos medios, porque pensaban que se habían ido definitivamente y querían evitar una nueva usurpación del inmueble.

El problema surgió cuando la familia volvió de pasar unos días en Madrid y se encontró con que no podían entrar en el piso. Llamaron a su abogada y el domingo denunciaron al Gobierno vasco por «coacciones» al instalar la puerta 'anti intrusión'. Alegaron que existe un auto judicial de marzo que determina que tienen derecho a seguir viviendo allí hasta que exista una resolución judicial firme. Fue entonces cuando el juzgado comunicó al Departamento de Vivienda que debía posibilitar su regreso, explican desde el Ejecutivo autonómico.

Fuentes especializadas explican que desalojar a personas que se han instalado de forma irregular en viviendas públicas o de entidades bancarias, por ejemplo, resulta mucho más difícil que hacerlo de un piso particular. Entre otras razones, porque no se considera un allanamiento de morada, sino una usurpación, lo que suele «dilatar considerablemente los plazos».

En Muskiz, además, se están repitiendo manifestaciones y protestas vecinales por el incremento de las ocupaciones y las agresiones en la vía pública, como la que se celebró ayer. En diciembre, tres centenares de vecinos se concentraron para protestar contra la ocupación ilegal de tres viviendas de alquiler social del propio Gobierno vasco en el barrio del polígono San Juan. La marcha partió del centro de la localidad minera, rodeó el edificio en el que se encuentran los pisos afectados y se detuvo frente a sus puertas, a los gritos de «okupas fuera» y «delincuentes».