El juez decano de Bilbao rechaza las críticas a los tribunales por ser «antieuskera»

Son ya varias las sentencias en este sentido que los juzgados vascos vienen dictando durante los últimos años respecto a ofertas de empleo público, una situación que ha provocado que plataformas como Kontseilua lo hayan calificado recientemente como una «ofensiva euskarófoba que ya ha afectado a más de 500 puestos de trabajo» y que hace unos meses un buen número de cargos públicos, entre ellos el alcalde de Bilbao, se sumaran a un acto de protesta.

Entrevistado en Radio Euskadi, Uriarte defendió que la judicatura vasca mantiene una «postura muy abierta» con el euskera y negó que existan «instrucciones» para que se dicten sentencias contra la lengua. «A veces se ha dicho que somos antieuskera pero no es verdad. Es imposible porque nosotros no nos organizamos, como no pasa con ninguna otra causa», aseguró.

El juez decano de Bilbao también aseguró que sentencias como la publicada por el TSJPV esta semana, cuyo contenido fue desvelado por EL CORREO el pasado jueves, deben analizarse «desde un punto de normalidad». «No veo ningún especie de ataque ni mucho menos. Simplemente hay ocasiones en las que se ponen en contradicción distintos intereses, el derecho a la protección del euskera y el derecho al trabajo, y en este caso se ha decidido que los requisitos que exige la administración para proteger la lengua son excesivos».

En 2021 la Diputación convocó una OPE para estabilizar o nombrar nuevos funcionarios que se extendía a 77 plazas. Fue impugnada por un aspirante porque según las bases hasta 71 puestos tenían algún requerimiento de euskera. Oscilaba entre un perfil lingüístico 2 y 3. Además, en lo que respecta a las 6 restantes el conocimiento del euskera se tenía en cuenta como mérito, lo que podía elevar la nota del aspirante entre un 5% y un 10%. Un juzgado de Bilbao ordenó paralizar el proceso y la Diputación recurrió al TSJPV, que ha rechazado su apelación. Ya ha anunciado que tiene intención de llegar al Supremo para defender la legalidad del proceso.