Las irregularidades en un concurso de ambulancias le cuestan un millón a Sanidad
El Gobierno vasco se ve forzado a indemnizar a Ambuibérica por relegarla al segundo puesto en una licitación sobre emergencias que debió ganar, según han sentenciado los jueces
El Gobierno vasco ha indemnizado finalmente con un millón de euros a la empresa de ambulancias Ambuibérica por el daño que le causó al adjudicar un contrato de 60 millones a una de sus competidoras, cuando, según la sentencia judicial, fue la firma vallisoletana la que tendría que haber logrado la licitación. El abono de esta suma de dinero público pone fin a un pleito que se ha prolongado durante tres años. El Ejecutivo autonómico ha hecho público el montante de la indemnización a través de una respuesta parlamentaria a una pregunta formulada por el PP. «Hemos pagado un millón de euros, correspondiente al beneficio industrial dejado de percibir por la compañía», afirma.
En su contexto
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60 millones. Es el valor del contrato que la Consejería de Salud adjudicó a Larrialdiak-Eulen, a pesar de que esta última empresa no tenía permiso para realizar transportes sanitarios.
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Denuncia ante el OARC Ambuibérica (que quedó segunda en el concurso) y Emerbask presentaron un recurso ante el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales del País Vasco (OARC). Esta entidad rechazó ambas apelaciones y dio la razón a la Consejería de Salud. Agotada la vía administrativa, la empresa vallisoletana recurrió a la Justicia. Los jueces del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco le han dado la razón.
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Polémica privatización Hasta hace cinco años, el servicio de emergencias era prestado por las entidades sin ánimo de lucro DYA y Cruz Roja, en muchos casos con voluntarios. El Gobierno vasco decidió que aquellos convenios que se firmaban de manera periódica debían salir a licitación pública. Desde entonces, casi todos los concursos se han visto salpicados por la polémica.
El contrato que debió ganar Ambuibérica comprendía la gestión de 22 bases de ambulancias de la Red de Transporte Sanitario Urgente (RTSU) de Bizkaia. Su valor era de 60 millones de euros y fue encomendado inicialmente a la alianza de empresas formada por Eulen y Larrialdiak, a pesar de que la primera de estas mercantiles no cumplía con uno de los requisitos básicos de la convocatoria: tener en regla la autorización para el transporte sanitario. Una irregularidad que los abogados de la compañía vallisoletana criticaron de forma pública y denunciaron, primero de manera administrativa y después ante los tribunales.
«Sin solvencia técnica»
Según ha quedado acreditado judicialmente, Eulen obtuvo su permiso antes de la adjudicación, pero varios meses después de presentar su oferta. Algo que la eliminaba automáticamente del proceso. Sin embargo, el Ejecutivo autonómico se empeñó en mantener el dictamen que le daba como vencedora. Los jueces, además, han analizado si fue correcto que el Departamento de Salud se decantara por la citada empresa teniendo en cuenta su falta de experiencia en ese ámbito y han llegado a la conclusión de que la firma carecía de «la mínima solvencia técnica». Los magistrados también han condenado al Ejecutivo autonómico a pagar las costas.
Los jueces afirman que la rival de Ambuibérica que ganó el concurso no cumplía los requisitos
En cumplimiento de la sentencia, Ambuibérica presta actualmente el servicio en las 22 bases. Desde la salida de la DYA y Cruz Roja de la RTSU, casi todos los concursos públicos convocados la Consejería de Salud han generado polémicas y batallas legales.
