Investigan a otro alcalde de Alonsotegi por el desvío de ayudas forales a empresas

Con la apertura de este nuevo sumario, los procesos judiciales en marcha contra exregidores de Alonsotegi (todos ellos jeltzales) afectan a las tres personas que gobernaron el pueblo entre 2003 y 2015. Gabino Martínez de Arenaza y Aitor Santisteban acaban de ser procesados por un posible caso de tráfico de influencias y malversación, entre otros ilícitos penales. A día de hoy, los jueces mantienen abiertos cuatro frentes para tratar de esclarecer lo que sucedió en este municipio en aquellos años, después de haber presentado EH Bildu varias denuncias y querellas por corrupción.

El caso más avanzado es el de Alonsotegi Eraikiz, la sociedad municipal que dejó un agujero de entre 5 y 15 millones de euros, según señalan diversos informes. El magistrado ha decidido someter a Martínez Arenaza y Santisteban a un juicio con jurado popular. En el banquillo se sentarán también tres abogados y un arquitecto, Alberto Zulueta.

Precisamente esta última persona figura también en las pesquisas ahora iniciadas sobre los supuestos responsables del desvío de dinero público hacia una de las empresas del propio Zulueta y otra constructora. La Fiscalía asegura que tanto Erezuma como Zulueta, otros dos arquitectos y dos empresarios «aprovecharon las lluvias intensas que tuvieron lugar entre el 4 y el 6 de noviembre de 2011 para procurar a cuatro de ellos un beneficio económico ilícito, con el dinero procedente de la Diputación en concepto de subvenciones, tras emitir facturas sin contenido económico real».

En concreto, el fiscal asegura que el Consistorio de Alonsotegi percibió 600.000 euros de la institución foral para arreglar los desperfectos causados por la riada en el sótano del Ayuntamiento, el muro del ambulatorio y el del elkartegi. Según la denuncia, a la que ha tenido acceso EL CORREO, una técnico hizo constar «desperfectos inexistentes» en estas tres infraestructuras. Certificó que había «problemas estructurales», «grietas considerables», «rotura de arquetas de saneamiento» o «desplomes interiores». El fiscal sostiene que «nada de esto era cierto».

Posteriormente, el por entonces alcalde «encargó de forma verbal» a la empresa de «la que es socio y administrador Alberto Zulueta» que «elaborase como mera formalidad varios proyectos de reparación urgente», con los que dar cobertura a los tres proyectos. Y dictó decretos, en algún caso pese a la advertencia de ilegalidad formulada por la secretaria-interventora, declarando «de emergencia» la necesidad de reparar los daños, con lo que no hubo ningún concurso público ni licitación para adjudicar las supuestas obras. Unos presuntos trabajos que cobró Laneder Construcciones, mercantil que quebró posteriormente porque el Ayuntamiento le adeudaba una fuerte cantidad de dinero a raíz de la edificación del nuevo ambulatorio.

La Diputación, que entregó 600.000 euros creyendo que con ello mitigaba el efecto de la riada en Alonsotegi, se ha personado en el proceso como perjudicada.