El infierno de un bloque de pisos sociales de Olabeaga: «No podemos más»

Los agentes de la Policía Municipal alertaron ya en un informe redactado en noviembre de 2021 de los comportamientos «violentos contra las personas» del inquilino y de su pareja y apreciaron «varios incumplimientos de las condiciones del compromiso» de buena convivencia en el contrato para residir en un piso municipal. Durante los procedimientos judiciales, Viviendas Municipales alegaba que solo podían tomar medidas «con sentencias judiciales firmes». Poco después de que denunciaran la situación en este periódico en mayo de 2022, la pareja fue trasladada a otro piso de Viviendas Municipales en Elorrieta. El 26 de septiembre y el 18 de octubre de ese mismo año ambos trataron de matar al exmarido de ella y fueron condenados a nueve años de prisión, pero ella salió de la cárcel recientemente y volvió a Elorrieta. En una carta de su puño y letra que envió a sus exvecinos desde la prisión les confesaba que su marido había contratado a sicarios para agredir a dos de ellos pero que no pudo materializarse «el trabajo» al estar en la cárcel. De ello también hay constancia en la Policía Municipal.

Pues bien, los vecinos de este mismo bloque denuncian que una nueva familia conflictiva habita en el piso que esta pareja dejó libre desde hace algo menos de un año. Compuesta por una mujer de mediana edad y sus dos hijos, que al parecer también residían en un bloque social de Elorrieta antes de ser trasladados a Olabeaga, les hacen la «vida imposible». Denuncian que ella tira colillas encendidas por la ventana y no se puede colgar la ropa, que no recoge la que se le cae del tendedero, que baja y da patadas a las puertas y les insulta. Además, aseguran que salta de madrugada para amedrentar a la vecina de abajo y amenaza a los vecinos, testigos de varias broncas. «No podemos más», aseguran.

Algunos están requiriendo tratamiento psiquiátrico para sobrellevar la situación. Han denunciado los hechos ante Viviendas Municipales y se preguntan cuál es el procedimiento para escoger a los inquilinos o si «lo que hacen es mover a las conflictivos de aquí a Elorrieta y viceversa». Preguntada por el asunto, la sociedad pública respondió que en las adjudicaciones «no cabe discriminar por ningún motivo, ni cabe excluir a familias salvo en virtud de una norma legal o una sentencia judicial». Que las conductas más graves se sancionan con la expulsión previa sentencia firme, pero que las funciones de seguridad ciudadana y de represión de conductas ilegales corresponde a la Policía y a la jurisdicción penal y que el organismo no tiene competencia para hacerlo de forma unilateral. Y que tampoco les consta ninguna denuncia policial a esta nueva inquilina. «Con los anteriores hubo 72 intervenciones y un informe policial de 14 páginas y no sirvió para nada denunciarles, solo les movieron cuando el caso salió en los medios», apuntan los afectados.