Imputan al alcalde de Etxebarri, su antecesor y dos mandos por el 'caso del falso policía'

Estas citaciones, que llegaron al Consistorio la semana pasada, suponen un giro en un caso con múltiples interrogantes. En un primer momento sólo estaban llamados a declarar dos responsables municipales y el principal sospechoso. Pero las comparecencias se suspendieron cuando llegó un informe policial sobre el caso. Días después, volvieron a programarse las comparecencias. Pero esta vez, fueron cinco las personas llamadas al juzgado.

En un primer momento, todas las miradas se dirigían hacia el policía impostor y a los posibles delitos que ha podido cometer. Entre ellos, destacan la presunta falsedad documental y la usurpación de funciones públicas. Pero con estas nuevas imputaciones la investigación se amplía para tratar de determinar si los máximos dirigentes del Consistorio -que gobierna la plataforma vecinal La Voz del Pueblo- y los mandos de la Guardia Urbana han tenido algún tipo de responsabilidad penal en lo ocurrido. Las fuentes jurídicas consultadas insisten en que, en función de cómo se desarrollen las pesquisas, si se demuestra que en el Ayuntamiento se sabía que la titulación del agente era falsa mucho antes de cesarle, los cargos imputados podrían llegar a enfrentarse a acusaciones de prevaricación, cooperación necesaria en los delitos cometidos por el falso agente e, incluso, malversación de fondos públicos por pagar las nóminas a una persona que no tenía derecho a ellas.

Cuestionado al respecto, el alcalde no respondió a la llamada de este diario ni contestó a los mensajes de texto. La comunicación telefónica con el anterior regidor se cortó cuando el periodista preguntó sobre el tema y después el exalcalde no respondió al mensaje de 'wasap'. Y el exjefe de la Policía local y el supuesto falso agente municipal se limitaron a señalar que no tienen nada que comentar. Sólo el partido que dirige el Ayuntamiento emitió anoche un comunicado en redes en el que reconoce la «investigación» al alcalde y su antecesor y circunscribe el caso en una operación para «desgastarnos como grupo independiente».

El escándalo fue destapado por EL CORREO a mediados de diciembre. Fue entonces cuando este periódico publicó que el joven había estado trabajando en Etxebarri en diferentes periodos sin la titulación necesaria y que fue su «falta de discreción» y su «fanfarronería» lo que hizo despertar las sospechas de sus compañeros, que empezaron a hacer preguntas.

J. B. estuvo en Etxebarri cubriendo bajas y haciendo sustituciones después de conseguir una plaza en la bolsa de trabajo del Consistorio vizcaíno en 2019. El sujeto consiguió el trabajo tras presentar el diploma falsificado de Arkaute, que acreditaba que había recibido 120 horas de formación entre 2015 y 2016, y un currículum que decía que había estado trabajando como interino en Leioa en 2017. Según fuentes conocedoras de lo ocurrido, durante su estancia en Etxebarri trabajó como cualquier otro policía: llevó el arma reglamentaria -incluso participó en un curso de reciclaje de tiro-, detuvo a personas y puso sanciones administrativas. Incluso llegó a ser elegido representante sindical.

Cuando se destapó el escándalo, el Ayuntamiento afirmó en un primer momento que había despedido al individuo en torno al mes de mayo después de descubrir que había engañado sobre su curriculum. Además, aseguró que había puesto el caso en manos de la Fiscalía para que investigue si el sospechoso ha cometido un supuesto delito de falsedad documental. Estos mismos argumentos fueron defendidos por el regidor, Iker López, en una rueda de prensa convocada de urgencia tras la publicación de la noticia. Ante los medios, el Consistorio volvió a dirigir la responsabilidad de lo ocurrido hacia el 'agente' e insistió en que el Ayuntamiento no tenía obligación de contrastar con el Ejecutivo autonómico los títulos que presentan los aspirantes.

Sin embargo, tras la primera publicación, este periódico tuvo acceso a datos de la investigación que cuestionan el relato esgrimido por las autoridades municipales. En concreto, los documentos indican que en el Ayuntamiento de Etxebarri conocían las supuestas irregularidades por lo menos ocho meses antes de despedirle. Los más relevantes son los correos electrónicos enviados por la academia de Arkaute y el Ayuntamiento de Leioa en agosto de 2023. La academia vasca de policía y emergencias remitió un mail al Consistorio en el que explicaba que no tenían constancia de que J. B. hubiese realizado el curso de formación que se exige para empezar a trabajar como policía interino. Al día siguiente, el Ayuntamiento de Leioa también informó por correo electrónico a las autoridades de Etxebarri de que este individuo no había desempeñado nunca en su municipio labores policiales.

También se desveló que el falso agente provocó incidentes con vecinos cuando ya se sabía que ocupaba irregularmente el puesto. Una de las actuaciones que trascendió fue que supuestamente amedrentó a una madre que llevaba a un baile a su hija menor de edad en noviembre de 2023. Esta actuación derivó en una queja formal ante el alcalde. Sin embargo, el Ayuntamiento no decidió despedir a este joven hasta el 17 de abril de 2024.