Hacienda defiende ahora que actuó con «rigor» en el 'caso de Esperanza y Cía'

La responsable política realizó estas manifestaciones a raíz de una pregunta de EH Bildu durante el pleno que se celebró en Gernika. La juntera Arantza Sarasola pidió explicaciones -también lo han hecho el PP y Podemos- después de que este periódico desvelase que la empresa, según los datos de los registros de la propiedad de Markina y Vitoria, tiene todavía hoy una serie de fincas a su nombre sobre las que constan anotaciones de embargos e hipotecas como garantías de cobro de las deudas que la empresa arrastraba con la Administración pública.

Según los datos públicos del Registro, la Hacienda foral tenía derecho a hacerse con media docena de suelos urbanos y rústicos en las localidades de Markina e Iruña de Oca (Álava) por las millonarias deudas que arrastraba la empresa, unos 372 millones de pesetas -2,2 millones de euros- desde la década de 1990. Pero las garantías de cobro no se ejecutaron en el plazo reglamentario de 21 años y hoy siguen en poder de la firma, que sigue viva a pesar de llevar más de 30 años en proceso de liquidación. En el Registro de Vitoria confirmaron que las hipotecas sobre los terrenos de Iruña de Oca no se habían ejecutado y podían levantarse.

Todas las fuentes consultadas entre especialistas en Derecho Mercantil y registradores de la propiedad coincidieron en señalar que se trata de unos hechos «absolutamente anómalos». Este periódico preguntó a Hacienda sobre esta situación. No hubo respuesta en dos semanas con el argumento de que se estaba examinando lo ocurrido. Cuando finalmente llegó la contestación oficial fue que no podían ofrecer información de «contribuyentes concretos».

Ayer la diputada negó que Hacienda actuase de manera «negligente» o realizase algún tipo de «trato de favor» a esta firma, que tenía en sus órganos directivos a importantes cargos políticos del PNV y de la propia Hacienda foral de la época. Insistió en que ese tipo de acusaciones son «absolutamente falsas».

Berrojalbiz aseguró que se ha revisado el expediente de la empresa, que ganó millones de euros vendiendo armas a todo tipo de ejércitos y países. En 1991 entró en suspensión de pagos tras el descenso de los pedidos y el endurecimiento de la normativa. En los últimos cuatro años acumulaban pérdidas de 2.606 millones de pesetas (unos 15,6 millones de euros). En este contexto, la Seguridad Social sacó a subasta el antiguo edificio de la fábrica para responder de una deuda de 243 millones de pesetas. Y la Diputación también sacó a subasta varias fincas que ascendían a 72 millones de pesetas por deudas que superaban los 372 millones de pesetas.

La diputada insistió ayer en que la Diputación no estuvo en la comisión de acreedores de la firma porque «no tenía ninguna deuda pendiente de cobro». Tampoco estuvo -dijo- en el proceso de liquidación.