La Guardia Civil fecha en el 12 de febrero de 2019 la muerte de Jesús María Baranda

Hace tiempo que la Guardia Civil baraja el móvil económico para explicar la macabra realidad por la que Carmen Merino (61 años) pudo presuntamente decapitar al que hasta entonces había sido su pareja sentimental, cuya cabeza apareció en septiembre del pasado año en una caja y del que todavía no se ha encontrado el cuerpo. Una premisa que los investigadores utilizan para construir toda una secuencia de hechos a partir de este último movimiento de efectivo efectuado por Baranda.

Las primeras pesquisas del caso apuntan a que poco después, concretamente los días 14 y 16 de febrero de 2019, se intentaron otras dos extracciones de efectivo que resultaron fallidas con otra tarjeta que Jesús María nunca utilizaba. La investigación sospecha que Carmen pudo intentar acceder a los ahorros del difunto una vez que lo había asesinado, pero no pudo lograrlo al desconocer las claves, aunque en medio de estas hipótesis irrumpe la declaración de dos familiares de la víctima: tanto el hermano como el primo de Jesús Mari admitieron en los juzgados de Castro Urdiales, en los albores de la investigación, haberlo visto con vida, de la mano de Carmen, disfrutando de un plácido paseo por el puerto de Castro Urdiales «dos o tres días antes del 21 de febrero». Una declaración que, en principio, daría al traste con toda la conjetura anterior y que durante estos meses de indagaciones ha sido revisada y matizada.

Fuentes cercanas a la investigación acreditan que la Guardia Civil volvió a ponerse en contacto con la familia para repensar este punto. Estos recapacitaron y admitieron no estar tan seguros de lo que habían dicho, de manera que ahora todo lo planteado por la Policía Científica en torno a esta hipótesis del posible asesinato el mismo día 12 vuelve a cobrar fuerza al encajar las fechas. Es algo que no sentó nada bien a la defensa de la presunta asesina, que cumple prisión provisional en el penal de El Dueso desde el 1 de octubre de 2019.

Tras meses de pesquisas la Guardia Civil ha llegado a la conclusión de que a Merino le movió un interés económico para acabar con la vida de su expareja. Según se recoge en el sumario del caso, la presunta asesina, que al parecer cobraba una pensión, tenía varias deudas por créditos impagados. Así se explica la importante cantidad de dinero que la investigada mantenía escondido en la vivienda del edificio número 12 de la calle Padre Basabe, en Castro Urdiales, procedente de los continuos reintegros que logró hacer a través de cajeros con presumible origen en la cuenta del Banco Santander de la víctima.

Fue precisamente este pasado martes cuando se hizo pública la filtración de parte de las declaraciones que ella realizó a la Guardia Civil en los primeros compases de la investigación, previa aparición de la cabeza. «José María se marchó el 21 de febrero a pasar dos o tres semanas por Cantabria y Asturias con unos antiguos amigos del trabajo, a los que no conozco. El día 10 de marzo vuelve sólo para decirme que se marcha otra vez, otras dos o tres semanas, a casa de unos amigos en Fuenterrabía».

Nunca explicó con claridad lo que pudo pasarle al hombre con el que hasta ese febrero de 2019 compartía su vida: «Quizá se hizo algún chequeo por su cuenta y le ha salido algo que no me ha dicho». Desde entonces, nunca más se ha vuelto a pronunciar sobre lo sucedido.