El Gobierno vasco trata de rehabilitar a 147 vizcaínos que han maltratado a sus parejas

La violencia de género es una lacra que no remite. El año pasado ingresaron en los juzgados vizcaínos 2.931 denuncias. /Ignacio Pérez
La violencia de género es una lacra que no remite. El año pasado ingresaron en los juzgados vizcaínos 2.931 denuncias. / Ignacio Pérez

Los juzgados del territorio denegaron más de la mitad de las 473 medidas de protección solicitadas por las víctimas de violencia de género

Luis López
LUIS LÓPEZ

Blanca Estrella Ruiz, presidenta de la Asociación Clara Campoamor y decana en la defensa de las víctimas de la violencia de género, cree que gastar recursos en tratar de rehabilitar a los maltratadores es como tirar el dinero a la basura. «En más de 30 años no he visto cambiar a ninguno». Pero Izaskun Landaida, directora del Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde), sí tiene esperanza y defiende el trabajo con los agresores. Por supuesto, «lo principal es ayudar a las mujeres, fomentar su empoderamiento y favorecer su autonomía económica». Pero para que haya un verdadero «cambio social» –defiende– también conviene actuar con los hombres que ejercen violencia. «Se trata de que no repitan las conductas en sus relaciones futuras. En el propio Convenio de Estambul se hace hincapié en que es necesario un trabajo de sensibilización en este sentido».

Ese trabajo en Euskadi lo hace el programa Gakoa, dependiente del Gobierno vasco. Y el año pasado 147 maltratadores vizcaínos pasaron por él. En toda la comunidad autónoma fueron 397 –cifra algo superior a la del ejercicio anterior– los agresores que acudieron a esta terapia, que se prolonga durante uno o dos años y que alterna sesiones individuales, en grupo y, puntualmente, con las familias.

El dato fue hecho público ayer, junto con muchos otros, en la memoria 2017 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que presta especial atención a todo lo referido a la violencia contra la mujer. El documento recuerda que el Código Penal «faculta al juez o tribunal para condicionar la suspensión de la pena al cumplimiento de determinadas prohibiciones y deberes, entre los que se encuentra la participación del penado en programas de igualdad de trato y no discriminación». Eso es Gakoa, una iniciativa orientada a «responsabilizar a los hombres sobre el hecho cometido y promover cambios duraderos, a reconducir y erradicar las dinámicas violentas».

En manos de la Ertzaintza

Es normal que estas cosas generen cierto recelo y que mucha gente, como Blanca Estrella Ruiz, no tenga ninguna esperanza en ellas. Sin embargo, responsables de Gakoa han llegado a cuantificar el nivel de reincidencia únicamente en el 10%, ya que los participantes experimentan notables cambios a nivel «afectivo, conductual y cognitivo».

En cualquier caso, en Clara Campoamor querrían que esos recursos se destinasen a proteger a las víctimas. A escoltas y medidas de vigilancia que evitasen agresiones e incluso asesinatos como los que se han producido en las últimas fechas en Collado Villalba (Madrid), Lepe (Huelva), La Felguera (Asturias) y el madrileño barrio de Tetuán.

Situación en los juzgados vascos

93,5
es la tasa de litigiosidad de Euskadi (esto es, los asuntos ingresados por cada mil habitantes). Pese a haber crecido un 7,6% durante el año pasado, la vasca es la autonomía con una cifra más baja.
Tiempo de respuesta
En el conjunto de los juzgados españoles la duración media de los procesos en primera instancia fue de 4,8 meses el año pasado. Los juzgados vascos también están mejor que la media en este aspecto, ya que el tiempo medio fue de 4,5 meses.

En este aspecto, la memoria del TSJPV presentada ayer también ofrece datos reveladores: de las 473 órdenes y medidas judiciales de protección incoadas en Bizkaia, únicamente se adoptaron 203. El resto, o fueron denegadas (208) o directamente inadmitidas (62). «Los jueces y las juezas no se creen a las mujeres», se duele Blanca Estrella Ruiz. La abogada Sonia Blas apunta que, en todo caso, la inadmisión en modo alguno prejuzga que no haya habido delito en el caso que se está juzgando, sino que el juez no aprecia un riesgo suficiente que justifique, por ejemplo, una orden de alejamiento. Además, «es la Ertzaintza la que acaba decidiendo, según el caso, si la medida de protección es un teléfono 'bortxa', contravigilancia, escolta o limitar las comunicaciones por teléfono o redes sociales».

Por su parte, la directora de Emakunde recuerda que las órdenes judiciales no son la única vía para que una mujer víctima de violencia de género sea protegida. La propia Ertzaintza puede adoptar medidas al margen de la autoridad judicial en el inicio mismo del proceso cuando entiende que hay riesgo para la víctima. Y lo hace, ya que alrededor de 5.000 mujeres cuentan en Euskadi con algún mecanismo de defensa articulado por la Policía vasca.

De todos modos, Izaskun Landaida sí ve un margen de mejora en el ámbito judicial a la hora de afrontar este asunto. «Se deben mejorar las condiciones en las que los juzgados toman estas decisiones». Se está refiriendo a «reforzar» los órganos judiciales especializados en violencia de género. «Es necesario invertir en formación continua, en trabajar la perspectiva de género».

La violencia machista es una lacra que no remite y a lo largo de 2017 ingresaron en los juzgados vizcaínos 2.931 denuncias. Ya el pasado mes de marzo el Consejo General del Poder Judicial avanzaba que el territorio estaba en cifras históricas, si bien en parte esto es debido a la mayor sensibilidad social que anima a las víctimas a denunciar. El problema, que se mantiene, es que en muchas ocasiones esas mujeres acaban renunciando al proceso. En concreto, durante el pasado año lo hicieron 578 en el territorio histórico, y aquí hay un dato preocupante: 333 de ellas eran españolas, y las restantes 245, extranjeras. Un volumen desproporcionado que tiene mucho que ver con la falta de una red social y familiar de apoyo que padecen las inmigrantes y que, en ocasiones, les hace regresar con su agresor.

El Tribunal Superior aprecia una congestión preocupante en los juzgados vascos

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) aprecia un «preocupante incremento de los indicadores de pendencia y congestión» de los juzgados de la comunidad autónoma. Y los datos hablan por sí solos. El año pasado ingresaron un total de 205.078 asuntos, frente a los 190.264 del ejercicio anterior. Es decir, casi 15.000 más.

Con semejante volumen de trabajo, el año terminó con muchos asuntos en el tintero. «Frente a la situación del periodo quinquenal anterior en el que, al concluir el año, quedaban por resolver un número de asuntos equivalente al último trimestre, en 2017 quedaron por resolver un número de asuntos equivalentes a los últimos cinco meses».

¿Qué es lo que ha ocurrido? La principal explicación es el aumento de casos que ha llegado a la jurisdicción civil, especialmente a causa de las cláusulas suelo. Tras la resolución del Tribunal Europeo del 21 de diciembre de 2016 ha habido un aluvión de demandas contra los bancos de hipotecados que querían recuperar parte de lo injustamente pagado a las entidades financieras. En concreto, el TSJPV destaca que entre el 1 de junio y el 28 de diciembre de 2017 los juzgados vascos ingresaron 7.417 casos.

La otra jurisdicción a la que hay que acudir para entender el boom judicial del pasado ejercicio es la contencioso-administrativa, con un incremento de 7.470 asuntos con respecto a 2016. En este caso, buena parte del aumento, la mitad, estuvo motivada por «las reclamaciones retributivas de funcionarios de la comunidad autónoma en el juzgado de lo contencioso-administrativo número 6 de Bilbao».

Lo peor de todo es que la «entrada masiva» de casos en materia de cláusulas suelo se mantiene en 2018, según advierte la memoria judicial del TSJPV, que recuerda que en 2017 debería haber recibido ocho jueces de refuerzo y solo llegaron cinco, y en prácticas, de la 67 promoción, que terminaron su labor el pasado 5 de abril. De hecho, los magistrado del tribunal reiteran en su «previsión de necesidades» que hacen falta 8 jueces más.

Por otra parte, el Servicio de Atención a la Víctima del Gobierno Vasco atendió en 2017 a 2.201 personas, de las cuales 1.075 (48%) fueron víctimas de violencia de género, 471 de violencia intrafamiliar y 296 de delitos contra las personas.

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