El Gobierno vasco deja en minoría a Etxanobe e impide prorrogar el descuento en el transporte

La primera sorpresa llegó cuando la máxima responsable foral perdió la votación pese a contar su partido, el PNV, con mayoría en el foro (14 de 26 representantes). El PSE se opuso con sus 11 representantes al albergar «dudas jurídicas y económicas» sobre un plan que se quiere ejecutar sin que el Gobierno central haya promovido aún un decreto que sirva como paraguas legal, como sí había sucedido en los últimos tres años.

Etxanobe sólo pudo reunir 9 votos (8 del PNV y el del alcalde independiente de Etxebarri), al haberse ausentado 6 consejeros jeltzales. Ayer por la mañana, la portavoz foral, Leixuri Arrizabalaga, restaba importancia a esta operación fallida y aseguraba con cierto optimismo que aún se puede llegar a un acuerdo. Sin embargo, el asunto puede tener un calado de una profundidad aún desconocida. Además del descrédito político que puede suponer la pérdida de la votación, la diputada general se encontró con que la ausencia de cinco de esos seis consejeros del PNV no se produjo por motivos de agenda o imprevistos, sino que fue deliberada. Faltó el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, porque se encontraba de viaje oficial en Manchester. Pero los cinco emisarios de la Consejería de Hacienda decidieron no acudir porque, al igual que los representantes del PSE en el Gobierno vasco, se han planteado «dudas sobre el encaje legal de la prórroga» propuesta, aseguran fuentes oficiales de la consejería dirigida por Noël d'Anjou. «En vista de ello se tomó la decisión de que acudiera el Departamento de Movilidad (PSE) y consideramos que el Gobierno estuvo debidamente representado», añadieron.

Lo cierto es que el pasado miércoles fue la segunda ocasión en apenas una semana que el CTB abordaba el ahora espinoso asunto de la prórroga de los descuentos. El pasado día 6, el tema se dejó sobre la mesa a la vista de que no había sintonía entre los consejeros. Pese a todo, Etxanobe insistió el miércoles en llevar otra vez su propuesta, remarcando, esta vez, que su planteamiento goza del visto bueno de la secretaria y del interventor de la entidad, funcionarios independientes encargados de velar por la legalidad de las decisiones adoptadas.

Y lo hizo por dos motivos. El primero tiene que ver con que el CTB es una institución chapada a la antigua, con unos estatutos de 1976 y necesita de mes y medio para adoptar una decisión de ese tipo (el cambio ha de estar en exposición pública para recibir alegaciones por espacio de 30 días). La responsable foral no quería que sucediera lo que ya pasó, por ejemplo, en la primavera de 2023 (entonces el diputado era Unai Rementeria), cuando la aprobación de la prórroga llegó tarde porque los consejeros rehusaron reunirse en plena campaña electoral. Los vizcaínos perdieron entonces 13 días de descuentos por un error de planificación. Posteriormente, el galimatías burocrático hizo que las bonificaciones entraran en vigor un 21 de febrero en lugar de un 1 de enero. Y, aquí viene el segundo motivo, Etxanobe se comprometió a que el tiempo de vigencia de los descuentos fuera el pactado y que no se viera cercenado por la lentitud administrativa del CTB. De ahí su interés por cumplir su promesa y alargarlos hasta el próximo 20 de febrero.

Es algo que anunció en el pleno de las Juntas Generales de octubre. Su equipo planteó no esperar a lo que haga Madrid. Asumir la cuantía económica que supondrán las ayudas y, ya después, si Pedro Sánchez decide seguir adelante, ajustar esas cuantías y financiación.

Y aquí es donde el plan de Etxanobe se topó con el rechazo socialista. El PSE alberga dudas «jurídicas y económicas» sobre este movimiento. Pese a estar «a favor» del incentivo al transporte público, prefiere aguardar a un nuevo decreto para tener un paraguas legal. Así se lo advirtió a su socio de gobierno el jueves de la semana pasada.

Etxanobe no midió bien sus fuerzas. El CTB cuenta con 26 consejeros. El PNV ha designado a 14 de esos vocales: cinco del Departamento de Hacienda del Gobierno vasco, la propia diputada general que, como presidenta, goza de voto de calidad para deshacer empates, y 8 alcaldes del Gran Bilbao. El PSE, por su parte, controla a 11 emisarios:8 de la Consejería de Transportes de Lakua, la diputada de Movilidad Sostenible, la concejala de Bilbao de este ámbito y la alcaldesa de Portugalete. El único representante independiente es el regidor de Etxebarri, del grupo vecinal La Voz del Pueblo. La sorpresa fue mayúscula cuando los emisarios de Hacienda no hicieron acto de presencia.

Lo sucedido en el CTB tensa la relación entre el PNV y el PSE. Y lo hace en un momento en el que ambos partidos, socios de gobierno en el Ejecutivo autonómico, la Diputación y el Ayuntamiento de Bilbao, están intentando cerrar un acuerdo sobre la financiación de la futura Línea 4 del metro.

Con todo, al guante lanzado por la portavoz foral, Leixuri Arrizabalaga, de que van a seguir «trabajando para poder alcanzar un acuerdo», respondieron fuentes socialistas, que también tendieron la mano para buscar un entendimiento y quisieron dejar claro que apoyan los descuentos, aunque prefieren esperar al Gobierno central para dar certidumbre jurídica.