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Limitar el acceso de vehículos contaminantes al centro de los municipios de más de 25.000 habitantes -en el caso vizcaíno, Leioa, Santurtzi, Portugalete, Sestao, ... Basauri, Durango y Galdakao-. Es una de las metas que persigue el Plan de Movilidad Sostenible de Euskadi, que entre los proyectos más destacados para la próxima década propone extender las zonas de bajas emisiones (ZBE) a nueve localidades de tamaño medio. El Gobierno vasco quiere que esta medida, obligatoria en la actualidad para ciudades de más de 50.000 habitantes, se aplique en otros entornos urbanos, lo que además de reducir la contaminación y el ruido dotaría de mayor protagonismo al transporte público y al peatón.
La consejera de Movilidad Sostenible, Susana García, ya dio pistas sobre esto hace unos meses, cuando avanzó en un foro organizado por el Ararteko que estudiaban alternativas «de pacificación del tráfico adaptadas a cada realidad urbana». El departamento plantea ahora un calendario a «largo plazo» en el que los ayuntamientos se involucren con la puesta en marcha de restricciones a la circulación. Bilbao fue la primera urbe vasca en aplicar la ley de cambio climático y transición energética al implantar la zona de bajas emisiones el pasado verano. En los últimos tres meses del año, en los que el Ayuntamiento multó a doce infractores a la hora por conducir por el área vedada, se redujo el tráfico en el centro en 3.000 vehículos diarios. En San Sebastián comenzó a funcionar la misma medida el pasado lunes, aunque todavía deben instaurarla otros municipios de más de 50.000 habitantes como Vitoria, Barakaldo, Getxo e Irún.
El plan del Ejecutivo autonómico, que estará dos meses en exposición pública y entrará en vigor una vez se hayan analizado las posibles alegaciones, recoge el impulso a la delimitación de áreas acotadas en las localidades que todavía no están cumpliendo la normativa y en otras más pequeñas como las guipuzcoanas de Rentería y Eibar y las ya mencionadas Leioa, Santurtzi, Portugalete, Sestao, Basauri, Durango y Galdakao.
La consejería que dirige Susana García también pone cifras a lo que costaría desplegar estas limitaciones. Calcula que el desarrollo de las ZBE exigirá una inversión inicial por parte de los ayuntamientos cercana a los 15 millones de euros, un coste que a 30 años, teniendo en cuenta la operativa y el mantenimiento de las restricciones, se elevaría hasta los 23,7 millones.
Aunque no tendrían que asumir la totalidad de los gastos las arcas municipales, ya que pueden acogerse, puntualiza el documento, al «programa de ayudas para la implantación de zonas de bajas emisiones» promovido por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en el marco de los fondos europeos Next Generation.
La extensión de las zonas de bajas emisiones, sostiene el plan, tendría un beneficio económico a largo plazo de 52,5 millones de euros en tres décadas y produciría un «traspaso de usuarios del vehículo privado al autobús del 10%» en un momento en el que el uso del coche sigue al alza. Según el balance de accidentalidad de 2024 presentado hace dos semanas por la directora de Tráfico del Gobierno vasco, Estibaliz Olabarri, a lo largo del pasado año «se superaron los flujos de tráfico registrados en 2023», también en el acceso a las capitales. Es cierto que en las entradas a las ciudades la circulación creció menos que en el largo recorrido (un 2% frente a un 6%), en parte «por el aumento del precio de los carburantes» y por «los descuentos» del transporte público, pero aumentó.
Para favorecer una menor llegada de vehículos al centro de los municipios, el plan también prevé la creación de aparcamientos disuasorios «en las proximidades de las estaciones ferroviarias o paradas de autobús interurbanas» en los núcleos de más de 25.000 habitantes.
En este caso aspiran a una implantación a medio o largo plazo. La inversión ascenderá a 390.600 euros, para urbanizar 8.250 metros cuadrados de terrenos próximos a ocho estaciones ferroviarias que no tienen este tipo de parkings y para los postes de carga eléctrica tanto en estas nuevas infraestructuras como en otras cinco ya existentes en las proximidades de terminales.
La 'Y' vasca tendrá «impactos positivos y negativos» en el tráfico aéreo de Euskadi. La conexión de las tres capitales, entre ellas y con la red de alta velocidad estatal ampliará «considerablemente el área de influencia y competencia» de los aeródromos de la comunidad autónoma. Pero también, según calcula el Plan de Movilidad Sostenible, los vuelos con Madrid y Barcelona serían los más afectados y «pueden llegar a perder más del 50% de los actuales pasajeros». Para conocer al detalle los efectos, se elaborará un estudio «completo» para «determinar las actuaciones más convenientes para minimizar las amenazas y aprovechar las oportunidades».
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