La ONG no ha hecho frente al último pagaré que debe a una multinacional

Los nuevos gestores, que no han querido hacer ningún comentario al respecto, confían en que la Justicia anule este contrato, que lastra la economía de la entidad hasta el punto de poner en riesgo su «continuidad». La organización invirtió 12 millones para comprar las instalaciones en 2009. Pero la operación empezó pronto a torcerse y comenzaron las negociaciones para refinanciar la deuda. Fueron muchas. Cada vez con más intereses. Hasta que en 2013 se acordó devolver la titularidad de la finca. Lo que quedó pendiente de pago fueron las deudas por el denominado fondo de comercio: 4,67 millones. Esta suma se pactó, en principio, en 13 pagarés con un interés del 4%. Los nuevos gestores creen que estos contratos son fraudulentos.

Según las fuentes consultadas, en la entidad asumen que es posible que los jueces obliguen ya a abonar el pagaré pendiente a Eulen a la espera de que concluya el proceso judicial. En la asamblea de la entidad se explicó que, sin esta deuda, la viabilidad de la ONG estaría perfectamente garantizada. Pero son conscientes de que pueden obligarles a hacer frente a su deuda. Por esta razón se ha aprobado el plan que implica poner a la venta todos los locales que no estén siendo utilizados.

Los agujeros en las cuentas y las supuestas irregularidades cometidas por el anterior presidente, Fernando Izaguirre, y otros responsables de la entidad salieron a la luz cuando la nueva junta encargó una auditoría interna que destapó una serie de «operaciones anómalas». Fueron sus servicios jurídicos los que -según explicaron- aconsejaron llevar el caso a los tribunales para «delimitar responsabilidades». Desde entonces se ha abierto una instrucción judicial para tratar de definir dichas responsabilidades que avanza con la declaración de los investigados. La jueza también ha rechazado la ampliación de la querella que perseguían los denunciantes.