La Fiscalía vasca pide cámaras en aulas y despachos para prevenir abusos a niños

La recomendación de Carmen Adán está en línea con la que ya anunció el lunes la Fiscalía General del Estado al presentar su propia memoria y que, a la postre, ha provocado una notable polémica. Planteó «normalizar» la instalación de cámaras en aulas y despachos, así como en gimnasios escolares, para frenar los ataques sexuales a menores de 16 años. Apenas unas horas después, la idea fue rechazada por la mayor parte de la comunidad educativa, para quienes sería un elemento «intrusivo» parecido a introducir un «gran hermano» en los colegios. La ministra de Educación, Isabel Celaá, tachó la idea de «terrible» mientras la consejera vasca, Cristina Uriarte, indicó que es un tema «muy sensible» que no está «sobre la mesa» de su departamento.

A la Fiscalía vasca le preocupan los delitos contra la libertad sexual, que han aumentado un 6,70% en Bizkaia, con 398 casos frente a los 373 de 2017. Dos fueron violaciones y 171 abusos sexuales (en 2017 hubo 119). Destaca Carmen Adán que los agresores suelen ser «personas conocidas, con una relación previa» con sus víctimas, y los ataques se registran tanto en viviendas como en la vía pública. La mayoría de los casos ocurren durante las noches de los fines de semana y se disparan en las fiestas patronales de verano.

La fiscal dedica un capítulo específico a los menores no acompañados, conocidos como 'menas', y alerta del aumento de las agresiones a los educadores en los centros de protección. Se trata de «delito leves, que no suelen llegar a juicio por las fugas temporales» de los agresores.

La fiscal subraya que los profesionales deben sentirse «desprotegidos» por la «falta de respeto a la autoridad» y plantea como solución que sean considerados penalmente como los profesores para que así las agresiones se traten como atentados. Relaciona directamente los altercados con las «saturaciones» de los centros y la dificultad para «realizar un tratamiento» con los 'menas'. Y ve «disfunciones» en la Ertzaintza y la Policía local cuando localizan a uno de ellos en la calle, ya que «se limitan a recoger la identidad que les refieren verbalmente sin reseñar ni hacer comprobaciones».

Entre los menores, el «delito estrella» sigue siendo «la violencia doméstica», aunque ha disminuido a 101 casos frente a los 128 de 2017. La memoria constata un incremento de los delitos contra el patrimonio, entre ellos de robos en casa habitada (173 frente a 139) y establecimientos públicos, que atribuye a «grupos organizados no estables de nacionalidad colombiana, albanesa y georgiana».