El fiscal dice que los tres acusados del crimen de Otxarkoaga tienen «una amplia dinámica de calle»

Uno de los acusados es conducido al lugar del crimen./L. CALABOR
Uno de los acusados es conducido al lugar del crimen. / L. CALABOR

El imputado de 16 años facilitó a los otros dos, de 14, «información sobre las rutinas» de los ancianos, un cuchillo y ropa para cambiarse después del asalto

Ainhoa De las Heras
AINHOA DE LAS HERAS

Los tres menores acusados del doble crimen de Otxarkoaga «ejecutaron un plan preconcebido con el propósito de obtener un beneficio patrimonial», según señala la Fiscalía en el relato de hechos de su escrito de calificaciones provisionales al que ha tenido acceso este periódico. Los dos menores de 14 años entraron en la vivienda de Rafael y Lucía, un matrimonio octogenario, en el número 16 de la calle Zizeruena de Otxarkoaga, a primera hora de la mañana del pasado 18 de enero, por indicación del tercer implicado, de 16 años y vecino de las víctimas.

Según la fiscal, él les facilitó la «información acerca de las rutinas» de los dos ancianos, ambos de 87 años, «indicándoles que tenían dinero en su domicilio». El objetivo era que los dos más pequeños «accedieran a la vivienda, sustrajeran los efectos que allí se hallasen y procedieran después a su reparto entre los tres». Los dos chicos llevaban «un cuchillo obtenido en la casa» del mayor. Treparon por la fachada y entraron a la casa por la ventana, pero se encontraron a los moradores.

«Con el propósito de acabar con la vida de aquellos, golpearon en múltiples ocasiones a los ancianos y les agredieron con un arma blanca», detalla el Ministerio Público. El hombre murió debido a una «hemorragia cerebral secundaria a traumatismo» provocado por un «objeto contuso», y su esposa sufrió un «shock hipovolémico posthemorrágico secundario a herida torácica con arma blanca», según el informe de las autopsias.

Inmediatamente después, «tal como habían acordado, (los dos presuntos autores materiales de los hechos) acudieron al encuentro» del tercer cómplice, quien «participó de los efectos sustraídos». Uno de los menores tenía la ropa manchada de sangre y el supuesto instigador le proporcionó «una nueva vestimenta para favorecer la evasión de la responsabilidad».

Por este motivo, la fiscal considera a este joven «cooperador necesario» tanto en los asesinatos como en el robo y solicita para él 10 años de internamiento en régimen cerrado, además de tres años de libertad vigilada «con el contenido que proponga el equipo técnico». A los dos más pequeños les acusa de dos delitos de asesinato y uno de robo con violencia en casa habitada y reclama para ellos seis años de internamiento y tres más de libertad vigilada.

En el escrito de la Fiscalía, se ofrece también una descripción somera de la personalidad de los menores. Uno de ellos, de 14 años, estaba tutelado por la Diputación vizcaína en el momento de los hechos, y «pertenece a un entorno familiar desestructurado y marginal, en el que las figuras adultas han cumplido penas privativas de libertad». «Desconfiado, retador y esquivo», su trayectoria escolar estuvo marcada por cambios de domicilio y colegios, con «conductas disruptivas y absentismo escolar».

Elevado consumo de tóxicos

En los tres chicos se observa una «amplia dinámica de calle» y en los dos más pequeños, además, «elevado consumo de tóxicos» y un «historial delictivo previo». Uno estuvo acusado de un robo con violencia a un menor de 12 años y en un intento de asalto violento a una mujer mayor, a la que trataron de sustraer el bolso y golpearon. Según los especialistas, estos chicos han vivido «un estilo educativo caracterizado por la permisividad» y muestran «dificultades en la asunción de la autoridad y la norma».

Los tres se encuentran internados como medida cautelar en el centro de Zumarraga desde que fueron detenidos por la Ertzaintza, días después del doble crimen, y a la espera de que se celebre el juicio a puerta cerrada el próximo mes de septiembre. En la vista, que se celebrará en un juzgado de menores, declarará una testigo protegida, además de familiares, ertzainas, policías municipales y especialistas de la Policía Científica.

El informe del equipo técnico propone que «en interés del menor», «se acuerde la no publicidad de las sesiones». Una nieta de las víctima se persona en el proceso como acusación particular y reclama una indemnización de 800.000 euros.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos