La firma del vertedero de Zaldibar entra en disolución y pagará «hasta donde pueda»

La decisión de liquidar Verter Recycling supone el principio del fin de la personalidad jurídica de la sociedad y se produce apenas un mes después de que saliera a la luz que su propietario, José Ignacio Barinaga; la gerente, Arrate Bilbao (que ahora ejercerá de liquidadora); y el ingeniero jefe, Juan Etxebarria, estarían a punto de cerrar un acuerdo para asumir su responsabilidad en la pieza penal del caso. Este pacto les obligaría a indemnizar a las víctimas y pagar una multa, pero les permitiría eludir la cárcel.

Lo que está aún en el aire son los otros dos procesos abiertos. Por un lado, todo lo que concierne a la responsabilidad por el daño medioambiental causado y, por otro, el abono de las facturas de los trabajos realizados en el vertedero después del luctuoso incidente. El Gobierno vasco asumió las tareas de estabilización y contención de la contaminación, y anunció que repercutiría el importe total de las obras de manera «subsidiaria» a Verter Recycling. En una respuesta parlamentaria al PP, la consejera Arantxa Tapia cuantificó ese gasto en 28,3 millones de euros (IVA incluido). La Diputación de Bizkaia, por su parte, también tuvo que poner sobre la mesa cerca de cuatro millones para liberar la cercana autopista y protegerse de posibles nuevos derrumbamientos.

Fuentes del Ejecutivo autónomo apuntaron ayer a este periódico que «el proceso administrativo para girar esas facturas sigue adelante». La disolución de la empresa, no obstante, añade incertidumbre a este asunto. ¿Por qué? Porque cuando se liquida una compañía se hace balance de activos y deudas. Y en caso de que el resultado sea negativo, la legislación permite al empresario no satisfacer a los acreedores. «Es muy difícil que los propietarios de una sociedad respondan con su patrimonio personal ante una situación de desequilibrio financiero», apunta un jurista experto en asuntos mercantiles consultado por este diario. «Si la liquidación se hace de forma normal, es casi imposible ir contra el dueño».

Un portavoz de Verter Recycling aseguró ayer a EL CORREO que la disolución de la empresa, que ya no tiene actividad alguna, es un paso «lógico» y evidencia la «voluntad de colaborar con las autoridades». En esta línea, añadió que «durante el proceso de liquidación se cumplirá con las obligaciones, se observarán los deberes legales de información y publicidad y, en general, todos los que establece la ley, en cuanto a la realización de activos y el pago a sus acreedores». Preguntado por hasta dónde podrán cubrir los pagos pendientes, esta fuente autorizada señaló que «se pagará todo lo que se pueda». El límite lo va a establecer «la legalidad vigente».

Se desconocen los activos de los que dispone Verter Recycling, pero sí es público, así consta en el Registro Mercantil, que la firma tiene un capital social de 1,82 millones de euros. Es decir, esta cantidad de dinero debería estar acreditada y consignada. A partir de aquí, se desconoce hasta qué punto la compañía podrá responder ante las facturas pendientes.