El exprofesor de Gaztelueta demanda al delegado del Papa en la causa por abusos

La demanda judicial fue admitida la pasada semana. El auto del juez recoge que «se han podido vulnerar derechos de defensa elementales del expedientado al haber sido juzgado ya en vía penal por los mismos hechos» y fundamenta su decisión por «no habérsele facilitado todo el expediente, no haberle permitido designar la asistencia letrada de su elección y confianza o practicar la prueba que estime conveniente». La denuncia ha sido presentada en un juzgado de la capital navarra porque es allí, en el seminario de Pamplona, donde tienen lugar las citas del proceso canónico, salvo una de ellas que se celebró en Guadalajara por acuerdo de las partes.

El procedimiento eclesiástico contra el exeducador del centro vizcaíno se inició el 26 de septiembre de 2022, pese a que ya había sido condenado a once años en primera instancia en la Audiencia Provincial de Bizkaia, una pena que el Tribunal Supremo rebajó a dos años. El Vaticano realizó en 2014 una investigación dirigida por la congregación para la Doctrina de la Fe, que concluyó que no había caso porque los delitos investigados «no han sido probados». Sin embargo, fue el propio papa Francisco quien decidió abrir un proceso canónico ocho años después tras un encuentro personal de la víctima. Los hechos se remontan a los cursos 2008 y 2009, y la causa ha seguido un itinerario polémico. El condenado siempre se ha declarado inocente y la familia de la víctima ha mantenido la acusación.

La demanda presentada por la defensa de Martínez incluye un prolijo informe, en el que se detalla toda la evolución del proceso, a su juicio, «plagado de irregularidades jurídicas» porque «se reabre canónicamente un caso ya juzgado y con una pena íntegramente cumplida conforme a la jurisdicción ordinaria» por un laico (el acusado no es clérigo). Considera que monseñor Satué «ha asumido su tarea con una determinación implacable, sin ocultar en ningún momento su falta de imparcialidad». Hasta el día de hoy, el arzobispo de Teruel y el Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica, el máximo órgano judicial de la Santa Sede, han rechazado todos los recursos presentados, incluida una evaluación poligráfica, por el equipo jurídico del exprofesor, que se ha negado en todo momento a comparecer.

En la demanda se justifica la iniciativa judicial contra un miembro de alto rango de la Iglesia, porque afecta a los derechos e intereses civiles legítimos de los ciudadanos. Incluso se incluye la reciente decisión dictada por el tribunal judicial civil de Lorient contra el cardenal Ouellet, condenado por lesionar los derechos fundamentales de una religiosa, expulsada de su comunidad en «un proceso canónico injusto». La defensa pide que el proceso canónico, «un abuso infamante para el acusado», sea declarado «ilegal», así como medidas cautelares para que el proceso sea paralizado. El juez, sin embargo, ha decidido que el procedimiento canónico siga su curso. El exprofesor ha enviado una carta a todos los obispos españoles para comunicarles la demanda contra monseñor Satué.