La UE exige explicaciones al Gobierno vasco sobre el vertedero de Zaldibar

La asociación vecinal San Lorenzo de Ermua -a través de la plataforma Zaldibar Argitu- y el colectivo Ekologistak Martxan elevaron la cuestión a Europa al considerar que el Ejecutivo vasco actuó «con dejadez y falta de diligencia» en el control y seguimiento de la escombrera. El 6 de febrero de 2020, los residuos acumulados en el vertedero de Zaldibar perdieron estabilidad y se derrumbaron acabando con la vida de dos trabajadores, Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze.

El procedimiento penal por el fallecimiento de Joaquín y Alberto se cerró, pero el caso sobre la responsabilidad medioambiental sigue en fase de instrucción. Los peticionarios denunciaron que en Zaldibar se cometieron «graves infracciones medioambientales, como el almacenamiento de amianto mezclado sin ningún tratamiento previo». Por ello, pidieron que en el proceso declaren representantes de las instituciones y que la Comisión Europea lleve a cabo «una investigación independiente y exhaustiva» sobre esta «catástrofe» medioambiental y humana.

La Comisión Europea concluyó el año pasado que el departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco no incurrió en infracciones, ya que se efectuaron inspecciones «con regularidad» y que la autorización para almacenar amianto se ajustó a las directivas europeas. Los peticionarios, sin embargo, sostienen que las inspecciones «fueron pocas y siempre con previo aviso a la empresa adjudicataria del servicio», Verter Recycling.

En el debate político, los eurodiputados coincidieron en la necesidad de recabar más información sobre el caso. Javier Zarzalejos no dudó en señalar que en Zaldibar hubo «negligencias por parte de las autoridades competentes y serios incumplimientos de la legislación europea». La socialista Cristina Maestre se expresó en ese mismo sentido y destacó que el Gobierno vasco «no veló lo suficiente» por que se cumpliera la normativa europea.

El grupo Renew Europe y los Verdes se sumaron a la petición de llevar a cabo una investigación «en profundidad» de lo sucedido. La Izquierda, por su parte, exigió transparencia y apuntó que en el vertedero hubo «importantes deficiencias que se deberían haber controlado, vigilado y sancionado».