Euskadi creará un registro de empresas contaminantes y las multará si no reducen su impacto

Euskadi creará un registro de empresas contaminantes y las multará si no reducen su impacto

El anteproyecto de Ley de Cambio Climático también prevé beneficios fiscales para las firmas que se vuelvan más ecológicas

Eva Molano
EVA MOLANO

El cambio climático ya se manifiesta en Euskadi con olas de calor extremo e inundaciones. «Es un problema global que hay que combatir también desde lo local», explica la viceconsejera de Medio Ambiente, Elena Moreno. El anteproyecto de Ley de Cambio Climático pretende que la comunidad sea un territorio neutro en emisiones en 2050 -que no se vierta más de lo que la propia naturaleza pueda limpiar- y que las Administraciones vascas pongan en marcha planes que protejan a la población. El transporte y la industria son los principales focos de emisiones en Euskadi, y por eso la normativa obligará a las diputaciones, ayuntamientos de más de 5.000 habitantes y a las empresas más contaminantes a implantar medidas correctoras. El texto también prevé sanciones para quienes no reduzcan su impacto sobre el medio.

El anteproyecto fue ayer expuesto en un foro en Bilbao al que acudieron representantes de 40 firmas y agrupaciones empresariales para debatir una ley que pretende ser pionera en el Estado, pero que no concreta todavía el porcentaje en el que deberán reducirse las emisiones en 2030 (la Unión Europea fija un 30%). «Puede variar y se quiere que sea similar al del entorno para no perjudicar la competitividad de las empresas vascas», dijo Moreno. Se establecerá «en posteriores desarrollos normativos». Una de las principales herramientas que contempla para reducir la contaminación será la creación de un registro público de iniciativas contra el cambio climático en el que deberán inscribirse los ayuntamientos de más de 5.000 vecinos y las empresas más contaminantes. Además, deberán calcular y reportar anualmente su huella de carbono y elaborar y ejecutar planes de reducción de su impacto ecológico para alcanzar los objetivos que imponga el Ejecutivo.

Deberán darse de alta en este sistema las firmas afectadas por la normativa de comercio europeo de derechos de emisión (medio centenar), las que consuman más de 500 toneladas de energía al año en los sectores extractivos, manufactureros, de suministros, residuos o construcción, o más de 40 toneladas de petróleo al año, además de las empresas de transporte con flotas de más de 10 vehículos. Aunque no formen parte de este inventario, en el que el resto de organizaciones podrán inscribirse de forma voluntaria, todos los centros de trabajo con más de 100 empleados -también los consistorios- tendrán que poner en marcha planes para que sus plantillas usen menos el coche.

Flotas verdes

Incumplir la reducción de emisiones, la ausencia de compromisos de mejora o la negativa a inscribirse en el registro acarreará sanciones, «porque una ley que no las contemple es un canto al sol», expone Moreno. Las multas previstas, a las que también están expuestos los ayuntamientos, oscilan entre los 600 euros y los 2,5 millones para las infracciones más graves, que podrán acarrear incluso el cierre de la actividad o la inhabilitación para ejercerla. Poner medidas para reducir el impacto ambiental también tendrá incentivos. Se apoyarán las inversiones y habrá deducciones en tasas y beneficios fiscales que las instituciones deberán articular. Las empresas que más cuiden el medio ambiente también podrían recibir más puntuación a la hora de contratar con la Administración.

Las instituciones jugarán asimismo un gran papel contra el cambio climático: deberán aprobar planes de movilidad y adaptar su urbanismo para paliar sus efectos. Promoverán la producción y el uso de energía renovable y usarán combustibles alternativos. Las flotas municipales deberán ser ecológicas, según adelantó Moreno en el primer foro para el debate público de la norma. «No queremos que este proceso sea un maquillaje. Tendremos muy en cuenta las aportaciones» realizadas que completen la Ley antes de su debate en el Parlamento vasco a finales de año o en 2020.

LAS OPINIONES

Luis Blanco - Secretario general de Kimika

La agrupación empresarial del sector químico genera 5.400 empleos en Euskadi y ya ha empezado a tomar medidas de reducción de consumo energético o electrificación. Para el secretario general de Kimika, «la oportunidad de la ley no es discutible. Merece la pena el esfuerzo, pero nos preocupa mucho que este afán de liderazgo de Euskadi perjudique la competitividad de las empresas, así que ha de buscarse un equilibrio con las exigencias de otras comunidades». Cree que en sectores como la movilidad hay mucho margen de mejora.

Elena Gómez - Salazar / Consultora de Idom

Gómez-Salazar se dedica a calcular el impacto ecológico de empresas. La nueva legislación supondrá que muchas tengan que medir su huella de forma obligatoria, «algo muy acertado», pero «sería necesario un reconocimiento por parte de la Administración, como incentivos». Cree que ya se han puesto en marcha entre las empresas numerosas acciones para mitigar este efecto, desde el punto de vista energético o de la movilidad, porque además conllevan una reducción de costes. Las empresas, «que están muy concienciadas», demandan «una simplificación administrativa, porque deben realizar muchos reportes».

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